Rodríguez enfatizó que "la justicia es la reina de las virtudes republicanas" e instó a la máxima colaboración de todos los sectores para esta tarea, que estará a cargo de la Comisión de la Revolución por la Justicia —presidida por el vicepresidente sectorial, Diosdado Cabello—, y del programa de convivencia democrática y para la paz.
La mandataria también informó que ha instruido a dicha comisión y programa para que, bajo régimen de urgencia, presenten ante la Asamblea Nacional el proyecto de una ley de amnistía general que cubra todo el período político desde 1999 hasta la actualidad, con el objetivo de "sanar las heridas que ha dejado la confrontación política".
Sputnik conversó con expertos en derecho para analizar los alcances, los pasos jurídicos necesarios y los retos de esta propuesta de reforma integral.
Fundamentos del sistema de justicia
La abogada Érika Yánez Vargas precisó para este medio que el sistema de justicia nacional se estructura a partir de los artículos 136 y 253 de la Carta Magna.
"El artículo 136 se refiere a los poderes públicos, entre los cuales se encuentra el Poder Judicial. Luego, el artículo 253, define el sistema de justicia, integrado por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la defensoría pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares y funcionarios de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de solución de conflictos, y los ciudadanos que participan en la administración de justicia conforme a la ley", detalló.
La experta hizo especial hincapié en el artículo 26 constitucional, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva. "Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, y a obtener una decisión pronta", citó.
Añadió que el Estado, a través del Poder Judicial, debe garantizar "una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas".
Por su parte, el analista y experto en derecho internacional, Jesús Rojas, aportó una perspectiva más amplia sobre la evolución del sistema. "Si bien el sistema está plasmado como un conjunto de órganos y personas —abogados, operadores de justicia, jueces, el propio Poder Judicial—, es un sistema que sigue en construcción", señaló.
Rojas recordó que, durante el proceso constituyente de 1999, se estableció una comisión de emergencia judicial que, en su opinión, "depuró el sistema, adelantando jubilaciones y sancionando a jueces que no se ajustaban a los nuevos principios constitucionales". Este proceso culminó con la promulgación de la Ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la creación de la dirección ejecutiva de la magistratura.
Aspectos por fortalecer
Sobre los pasos jurídicos indispensables para implementar un nuevo sistema de justicia, los expertos coincidieron en que no se requeriría una reforma constitucional, sino ajustes legislativos.
"El Constituyente de 1999 redactó normas suficientemente amplias para adecuarlas a los tiempos. Probablemente sean necesarias reformas legales: ajustar la Ley Orgánica del Poder Judicial, reforzar el código de ética de los jueces y garantizar que todos los tribunales funcionen adecuadamente conforme a la Constitución", señaló Rojas.
El experto también propuso revisar la distribución territorial de la justicia. "Los tribunales deben distribuirse a lo largo y ancho del país, en todos los lugares donde haya asentamientos de ciudadanos", planteó. "Si hemos logrado establecer más de 4.000 consejos comunales, también podríamos crear tribunales en más localidades".
Sugirió incluso evaluar experiencias de otros países donde "se crea un tribunal cuando hay un número determinado de causas en estado de sentencia, y se reduce su número cuando la carga de trabajo disminuye".
Respecto a los aspectos específicos para centrar la atención, Vargas mencionó: "Es crucial fortalecer la figura de los jueces y juezas de paz comunal, así como potenciar los medios alternativos de resolución de conflictos". También subrayó la necesidad de digitalizar los expedientes como una actualización indispensable ante los avances tecnológicos.
Rojas amplió esta visión hacia la responsabilidad de todos los actores del sistema. "El aspecto a fortalecer radica también en los ciudadanos y los profesionales del derecho", expresó. "Debe instruirse a los abogados en una mejor formación y una participación más responsable, sancionando aquellas estrategias dilatorias que retrasan los procesos sin motivo". Abogó por "exigir responsabilidad a todos los intervinientes en el sistema de justicia", ya sean funcionarios públicos o abogados privados.
Garantías para un sistema óptimo
Sobre cómo hacer que un nuevo sistema de justicia sea transparente e inmune a la corrupción, los expertos ofrecieron perspectivas desde el derecho interno y el internacional.
Vargas se centró en los principios constitucionales: "Para garantizar un sistema transparente, lo primero es cumplir los principios constitucionales, como el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 26". Destacó el papel de la formación continua donde actualmente la Escuela Nacional de la Magistratura "realiza un trabajo formativo importante".
Para Rojas, la transparencia de cualquier sistema de justicia "debe basarse en el pilar de la responsabilidad de sus integrantes". Criticó que "cuando un político resulta incómodo para el poder, a veces se le inventa un expediente por acoso sexual, corrupción o drogadicción sin pruebas, y los medios de comunicación internacionales se encargan de dañar su reputación".
El experto también hizo una observación social relevante citando a la presidenta encargada Delcy Rodríguez: "Las personas de las clases A y B normalmente no están procesadas y en cambio las personas de los estratos sociales más bajos constituyen un altísimo porcentaje de las personas que están en situaciones de conflictos con la ley en los tribunales". Para Rojas, este dato indica desigualdades estructurales que un sistema de justicia renovado debería abordar.
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