El CPI se rige por una perspectiva eurocéntrica y resulta ser su brazo jurídico, señalan analistas

La CPI se creó en 2002 a partir del Estatuto de Roma, adoptado en 1998. El tribunal puede juzgar cuatro tipos de delitos: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y agresión, este último con la vista buena del Consejo de Seguridad de la ONU, pese a que la institución no es un órgano de la ONU.

Aunque la CPI está formado por jueces y fiscales del más alto nivel, lo que teoréticamente garantiza su idoneidad moral, existe una jerarquía de prioridades en cuanto a lo que debe enjuiciarse o no por la institución, explica la profesora de derecho internacional en la Universidad Ambra (EEUU), Priscila Caneparo.

"Es innegable que las grandes organizaciones internacionales, incluida la Corte Penal Internacional, tienen un sesgo eurocéntrico, un sesgo del norte global. Sobre todo porque nuestro concepto del derecho internacional se basa en la perspectiva del norte global y, principalmente, en la interpretación de la historia de Europa", apuntó.

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Sin poder actuar de manera autónoma para enjuiciar a los imputados, el tribunal cae bajo la tutela de las potencias hegemónicas, explicó.

"La CPI no tiene, digámoslo así, herramientas suficientes para imponer su voluntad. Por lo tanto, queda sometida, precisamente, a los intereses del norte global", añadió.

La Corte Penal Internacional puede iniciar una investigación de tres maneras: por iniciativa propia, a petición de uno de los 120 Estados miembros o a petición del Consejo de Seguridad de la ONU, y uno de los casos de crímenes de guerra investigados es el de EEUU en Afganistán, detalló el politólogo de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, Pedro Martins.

"El proceso comenzó durante el primer mandato del [presidente Donald] Trump. Y cuando eso aconteció, el tribunal y su fiscal de entonces fueron severamente sancionadas por Trump. Estas sanciones fueron suspendidas —atención, suspendidas, pero no canceladas— por la Administración Biden", destacó.

En determinadas situaciones, el tribunal ejerce una enorme presión sobre los firmantes para que se cumplan las detenciones de líderes mundiales que ni siquiera forman parte de la CPI, como en los casos contra Rusia y Sudán.

"En estos dos casos concretos, la CPI fue realmente el brazo ejecutor de Occidente", aseveró el analista.

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Independiente, pero sin poder

Aunque en el sentido jurídico la CPI es independiente, esta independencia formal no significa que no sufra "diversas presiones" o que "no tenga demasiadas limitaciones en su actuación", afirmó Martins.

"Entonces, al final nos encontramos con esta evidente contradicción de ser una organización independiente, porque no está vinculada a nadie, y que, sin embargo, cuando intenta avanzar o actuar de forma realmente independiente, no lo consigue", sostuvo el experto.

Caneparo destaca que una de las funciones de la CPI es enjuiciar al individuo que cometió el delito, en lugar de responsabilizar a todo un Estado por las acciones de una persona o un grupo restringido. Sin embargo, señala Martins, debido a la dependencia en que se encuentra el tribunal, solo le queda juzgar a figuras de menor relevancia global.

Para la profesora Caneparo, este dilema refleja la aplicación de un doble rasero en las acciones de la CPI —lo contradictorio a los principios de la justicia— especialmente cuando se trata del norte y el sur global.

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