"Nueve de cada 10 palestinos no tienen acceso a agua potable. Las instalaciones de almacenamiento de la ONU y otras agencias internacionales están vacías", denunció ante el tribunal judicial el representante palestino Ammar Hijazi.
"Estos son los hechos. El hambre está presente. La ayuda humanitaria se está utilizando como un arma de guerra", añadió.
En un mismo sentido, otra representante palestina, Lynn Nijari, dijo que la situación en Gaza, de forma impensada, es aún peor en la actualidad de lo que era hace unos meses, cuando el Gobierno de Israel y Hamás acordaron un alto al fuego temporario (que se rompió antes de su finalización), añadiendo que las opciones para subsistir y obtener servicios esenciales como agua y la electricidad en el enclave palestino están "prácticamente destruidas".
"Israel debe facilitar y ampliar, no prohibir, interrumpir ni atacar, las operaciones de la UNRWA en los territorios palestinos", declaró otra representante legal palestina, quien también reclamó que el Gobierno de Benjamin Netanyahu reconsidere su postura y permita la reanudación de las entregas de ayuda humanitaria.
En tanto, la asesora legal de la ONU, Elinor Hammarskjöld, afirmó que Israel tenía la obligación de "permitir y facilitar" la ayuda humanitaria a los gazatíes.
"Estas obligaciones implican permitir que todas las entidades pertinentes de la ONU realicen actividades en beneficio de la población local", agregó.
El gran ausente en la audiencia fue la propia Administración de Benjamin Netanyahu, que ya había adelantado que no participaría, criticando de manera contundente al órgano judicial principal de las Naciones Unidas.
El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, tildó a estas audiencias de "vergonzosas", describiendo a la ONU como un "organismo corrupto, antisraelí y antisemita".
El Estado hebreo "decidió no participar en este circo", afirmó el canciller en declaraciones a la prensa, asegurando que el caso forma parte de "una persecución sistemática y deslegitimación de Israel".
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