El hackeo de servidores del Gobierno de Paraguay por parte de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) podría ser considerado como "una violación a su soberanía y su seguridad nacional" y convertirse en un daño grave en la relación entre ambos países si no prima la diplomacia entre los dos gobiernos, dijo a Sputnik el analista internacional Andrés del Río.
El ciberataque había sido revelado por una investigación del periodista Aguirre Talento del medio brasileño UOL, en un artículo que consignaba cómo la ABIN planeó una operación de espionaje contra servidores oficiales paraguayos para obtener información reservada sobre la postura de Paraguay en las negociaciones sobre las tarifas de la represa hidroeléctrica Itaipú, compartida por ambos países.
De acuerdo al medio, la operación de inteligencia había sido planificada durante el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2023) pero se ejecutó ya entrado el Gobierno de Lula y con la autorización del actual director de la ABIN, Luiz Fernando Correa. Si bien el Gobierno brasileño desmintió "cualquier involucramiento en la acción de inteligencia", admitió que la operación existió y que "fue autorizada por el Gobierno anterior en junio de 2022" y que fue dejada sin efecto en marzo de 2023, cuando Correa tomó conocimiento de ella.
El Gobierno paraguayo, por su parte, aclaró en primera instancia que todas las informaciones relacionadas a las negociaciones con Itaipú se encuentran "resguardadas" y que no había evidencia de que el ataque a sus sistemas se hubiera concretado. Sin embargo, horas más tarde el canciller Rubén Ramírez Lezcano llamó a consultas al embajador brasileño en Asunción y decidió "suspender temporalmente toda negociación relacionada con el Anexo C del Tratado de Itaipú", vinculado a las tarifas de energía eléctrica que se cobran entre ambos socios de la represa.
"Según el derecho internacional, los ciberataques pueden ser equiparados como actos de injerencia ilegítima, particularmente si se trata de espionaje o acceso a información estratégica, en un área como la represa de Itaipú, que es especialmente delicada para Paraguay", sostuvo Del Río.
En diálogo con Sputnik, la analista internacional especializada en política exterior paraguaya Julieta Heduvan consideró que se trata de "sin duda una cuestión grave" que "pone de manifiesto la importancia que tienen las negociaciones sobre Itaipú y el papel clave que juega para Brasil pero también para Paraguay".
En efecto, el Anexo C del Tratado de Itaipú, que obligaba a Paraguay a vender a Brasil el excedente de su mitad de la energía producida por la represa, venció en 2023 y desde entonces ambos países buscan acordar una tarifa conveniente para ambos estados. Además de buscar elevar la tarifa que cobra a Brasil, Paraguay busca que se le permita vender ese excedente a otros mercados, algo no previsto por el acuerdo original.
Para Heduvan, la estrategia adoptada por el Gobierno paraguayo de "enfriar las negociaciones" a partir de este episodio "es una buena estrategia para tratar de tener de nuevo el control" de la situación. Las revelaciones sobre operaciones de inteligencia podrían convertirse, incluso, "en un aditivo que podría servirle a Paraguay para reclamar mejores compensaciones, dadas las actitudes poco transparentes de Brasil".
¿Un incidente que afecta al Mercosur?
Del Río advirtió, por su parte, que la gravedad a la que escale el episodio "dependerá mucho de las relaciones diplomáticas entre ambos países". En ese sentido, resaltó que se trata de un área en la que Lula "tiene muchos puentes para construir" con su par paraguayo, Santiago Peña, de manera de evitar que el ciberataque deje una herida considerable en el vínculo e incluso en la región.
"Este tipo de episodios conmueven a los países de la región, generan desconfianzas y requieren diálogo y reconstrucción de puentes, más si tenemos en cuenta el contexto de crisis en el Mercosur. Esto expone vulnerabilidades del Mercosur y puede ser explotado por las líneas opositoras a este tipo de construcciones y hasta permitir la injerencia de EEUU en la región", alertó el analista.
Más cauta, Heduvan consideró que el asunto "no debería afectar al Mercosur, a menos que escale a un conflicto mayor, que no parece ser el caso". En ese sentido, calificó el episodio como "un asunto bilateral" y valoró que el Gobierno de Brasil "trató de desactivar el conflicto lo más rápido posible, señalando como culpable al Gobierno de Bolsonaro y afirmando que se han desactivado esas supuestas acciones residuales del anterior mandato".
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