Desde el fin de la pandemia se ha registrado en el país un aumento de los delitos violentos, mayormente debido a la presencia de bandas transnacionales del crimen organizado, como el venezolano Tren de Aragua.
El último informe de la Fiscalía de 2024 señala que, en los últimos dos años, los robos violentos aumentaron en un 30%, principalmente el robo con violencia, el robo con intimidación y los denominados "portonazos", robos violentos de autos con intimidación al conductor en la vía pública.
La nueva cartera tendrá dedicación exclusiva en este campo y en la prevención del delito, liberando al Ministerio del Interior, que actualmente cumple estas funciones.
"Es muy importante que en esta jornada haya presencia de parlamentarios de todo el espectro político y cuando veo que este proyecto se aprobó con una gran mayoría en el Congreso, significa que es un tema de Estado y que esta será una política que tendrá estabilidad a largo plazo, pues todos concordamos que hay que hacerse cargo, como Estado, más allá del Gobierno de turno, de este tremendo desafío que es la seguridad de nuestra patria", afirmó el presidente.
La función principal de este gabinete será formular estrategias de prevención y combate del delito, las que deberán considerar, entre otros, la lucha contra el crimen organizado y los actos terroristas, deberá crear planes en conjunto con el presidente de la República en materia relativa al resguardo, mantención y promoción del orden público y también, encargarse de la protección de las víctimas.
Además, el nuevo ministro deberá ocuparse del resguardo de las fronteras, la ciberseguridad, la regulación del ámbito privado y controlar las actuaciones de Carabineros y de la Policía de Investigaciones.
El líder de esta nueva cartera, la número 25 del gabinete, tendrá competencias en materia de inteligencia, pudiendo solicitar la elaboración de informes especiales a la Policía en esta misma línea.
El Ministerio contará con dos subsecretarías, la de Seguridad Pública y la de Prevención del Delito, además de estar presente en las 16 regiones de Chile a través de las correspondientes secretarías regionales ministeriales. El Gobierno se autoimpuso un plazo de cuatro meses, a contar desde el 27 de enero, para que el nuevo gabinete esté operativo y para que sea nombrado el primer ministro.