Con la acusación, Yoon Suk Yeol, que también se enfrenta a un juicio político, se ha convertido en el primer presidente en funciones en la historia de Corea del Sur en ser acusado bajo detención.
Yoon enfrenta acusaciones de conspirar con el exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, y otros, para incitar a una insurrección el 3 de diciembre al declarar un "estado de emergencia inconstitucional e ilegal", a pesar de la ausencia de cualquier signo de guerra, conflicto armado o crisis nacional comparable, de acuerdo con las autoridades.
Los fiscales también alegan que Yoon ordenó el despliegue fuerzas militares en el Parlamento, en un intento de evitar que los legisladores voten en contra de la declaración de la ley marcial.
El presidente también está acusado de planear arrestar y detener a figuras políticas clave, incluido el presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won-shik, y los jefes de partidos rivales, así como a funcionarios del organismo de control electoral.
La imputación de los fiscales se produce justo un día antes de que finalice el periodo de detención de Yoon, tras su detención por parte de la Oficina de Investigación de la Corrupción para Funcionarios de Alto Rango (CIO) el 15 de enero. Yoon fue arrestado el pasado 19 de enero.
Los fiscales tendrán ahora que probar la culpabilidad de Yoon antes de que finalice el periodo legal de la detención, pero no podrán interrogarlo.
Durante la audiencia de juicio político de la semana pasada en el Tribunal Constitucional, Yoon y su equipo legal argumentaron que nunca tuvo la intención de implementar la ley marcial.
El tribunal tiene hasta 180 días para decidir si enjuicia a Yoon o lo restituye.
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