El texto, difundido por la emisora local Radio Pichincha, dispone "la inmediata reintegración de la señora María Verónica Abad Rojas en su calidad de vicepresidenta", con "todas las prerrogativas que la Constitución de la República, las leyes y tratados internacionales confieren para el ejercicio pleno de sus funciones".
El pronunciamiento de la jueza Vera responde a un pedido de medidas cautelares por parte de Abad, luego que otro juez revocara las medidas de protección a su favor que ordenaban su restitución en el cargo y el pago de su salario correspondiente.
En la última semana, la vicemandataria fue reemplazada mediante decreto presidencial, en el cual se designó a la funcionaria Cynthia Gellibert como "vicepresidenta constitucional".
Gellibert estaría en el puesto hasta el 22 de enero o hasta que Abad cumpla con una orden de trasladarse a Ankara, Turquía, para asumir funciones como colaboradora para las relaciones comerciales bilaterales. Mediante otro decreto ejecutivo, la semana pasada, el presidente Daniel Noboa cedió la Presidencia a Gellibert para que asuma funciones durante cuatro días, hasta el domingo 12 de enero, por motivos de "fuerza mayor", a fin de realizar campaña electoral para buscar su reelección.
Abad y Noboa se distanciaron desde antes de la segunda vuelta electoral en las elecciones anticipadas de 2023 y, al llegar al poder, el mandatario la envió a cumplir una misión a Tel Aviv, Israel, como "embajadora por la paz".
Sin embargo, por una presunta demora en su traslado de Tel Aviv hasta Ankara, el Ministerio del Trabajo la sancionó con un reglamento especial creado para ello, pese a que la presunta infracción se cometió antes de la entrada en vigor de este documento.
Noboa y su equipo de Gobierno habían declarado públicamente con anterioridad que era riesgoso para la democracia el ascenso de Abad a la Presidencia como reemplazo temporal del mandatario, lo cual dispone la Constitución vigente.
La vicepresidenta Abad denunció que la persecución en su contra va en aumento y responsabilizó al Gobierno y al presidente por su vida y la de su familia.
De acuerdo a Abad, después de su rueda de prensa en la que ella pidió la activación de la Carta Democrática a la Organización de Estados Americanos (OEA), descubrió en la Fiscalía General una denuncia penal en su contra, presentada el 4 de enero por "usurpación y retención ilegal del mando".
También la vicepresidenta cuestionó que Noboa ha decidido por su cuenta no pedir licencia para hacer campaña proselitista por su reelección por otros cuatro años (2025-2029), sobre lo cual alertaron también varios juristas en el país al señalar que rompe el ordenamiento constitucional y democrático vigente.
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