Los empleados protegidos por este programa gubernamental no pueden ser trasladados ni despedidos de su puesto de trabajo sin el consentimiento de las autoridades competentes. La ley cubre tanto el sector público como el privado, agrega la emisora estatal.
Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, citado por el medio, subrayó que el derecho garantizado al trabajo es esencial para el florecimiento del bienestar público y la justicia social.
"La inamovilidad laboral a favor de los trabajadores y las trabajadoras de los sectores público y privado regidos por el decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, por el lapso de dos años contados entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2026 ambas fechas inclusive a fin de proteger el derecho al trabajo como proceso fundamental que permite la promoción de la prosperidad, el bienestar del pueblo y la construcción de una sociedad justa y amante de la paz", resume el documento.
El Ministerio destacó que la extensión de la medida de protección laboral fue posible "gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro, a nuestra esperanza y al Gobierno Revolucionario Bolivariano".
La anterior prórroga de la medida fue aprobada en el decreto presidencial № 4.753, que determinó que la inamovilidad estará vigente desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024.
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