"El tratado sobre la prohibición de las minas constituye hoy parte inalienable del derecho humanitario internacional que debe aplicarse tanto durante los conflictos, como en tiempos de paz. Al enviar a Ucrania minas antipersona, EEUU incentiva a ese país a violar sus compromisos jurídicos y socava los principios fundamentales del derecho humanitario internacional", subrayó en un comunicado el movimiento que fue distinguido con el Premio Nobel de la Paz en 1997.
El 2 de diciembre, el Gobierno estadounidense asignó un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 725 millones de dólares, que incluye un nuevo lote de minas terrestres.
El ICBL subrayó que las minas antipersona fueron prohibidas hace 25 años debido a su uso indiscriminado y las consecuencias nefastas para la población civil.
La organización global instó a Washington a parar las entregas de armas prohibidas y llamó a Ucrania a rechazar "estos regalos mortíferos" de EEUU para evitar sufrimientos a la población civil.
Ucrania ratificó la Convención de Ottawa en 2005, que prohíbe el uso, almacenamiento y producción de minas antipersona, aunque ya violó dicha normativa, durante los combates en la ciudad de Izium, región de Járkov.
Rusia considera que el suministro de armas a Ucrania obstaculiza la solución del conflicto, involucrando directamente a los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, señaló que cualquier cargamento que contenga armas para Ucrania sería un objetivo legítimo. Según Lavrov, EEUU y la OTAN están directamente involucrados en el conflicto, no solo suministrando armas, sino también entrenando personal en el Reino Unido, Alemania, Italia y otros países.
El Kremlin declaró que la entrega continua de armas a Ucrania por parte de Occidente no contribuye a las negociaciones y tendrá un efecto negativo.
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