"Mi reconocimiento a las autoridades de Procuración de Justicia, quienes me han informado que ha sido detenido el autor material de la muerte del Padre Marcelo", publicó Escandón en su cuenta de la red social X.
La Fiscalía General de la República ha sido notificada de la detención, al haber sido encomendada este martes (22 de octubre) por la presidenta Claudia Sheinbaum a atraer al ámbito federal las pesquisas, que comenzaron en la jurisdicción local.
"Derivado de las investigaciones de criminalística de campo y de gabinete, se logró la captura del referido imputado como presunto responsable del homicidio del sacerdote", dijo en un comunicado la Fiscalía de Chiapas.
Después del asesinato, perpetrado a balazos frente a una iglesia católica por dos sujetos encapuchados que viajaban en motocicleta, las autoridades locales practicaron una investigación.
Los fiscales realizaron rastreos de cámaras de seguridad, trabajos de inteligencia, e interrogatorio de testigos, y ejecutaron la orden de aprehensión.
El reconocido defensor de derechos humanos fue asesinado a balazos frente a sus fieles cuando abordaba su vehículo, al final de un servicio religioso dominical.
El activista, conocido como padre Marcelo, indígena tzotzil, recibió ocho disparos a quemarropa en el barrio de Cuxtitali, en un ataque cometido por dos personas encapuchadas que viajaban en una motocicleta.
El pasado 13 de septiembre, el sacerdote participó en una Marcha por La Paz realizada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, al frente de más de 20.000 personas que exigieron el fin de la violencia.
"Hay mucha violencia, pero seguimos construyendo la paz, hemos acompañado a los desplazados", dijo Pérez en la manifestación.
El sacerdote estaba amenazado de muerte desde 2021 por un grupo armado que opera en la región montañosa de Los Altos de Chiapas.
"A mi cabeza le han puesto precio", denunció el religioso en varias ocasiones en años recientes.
El sacerdote nació en la comunidad de San Andrés Larráinzar, municipio de Los Altos de Chiapas, una zona de influencia de los rebeldes indígenas zapatistas desde los años 90, y fue párroco por 10 años en la ciudad de Chenalhó.
Ante las amenazas de muerte, hace dos años y medio, el defensor de derechos humanos fue trasladado a la parroquia de Guadalupe de San Cristóbal de las Casas.
La Compañía de Jesús y el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas exigieron una investigación pronta y eficaz del asesinato del sacerdote y defensor indígena de los derechos humanos.
Desde 2017 hasta la fecha, Naciones Unidas ha documentado al menos 134 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en posible relación con su labor.
En lo que va de este año, al menos siete personas defensoras han sido asesinadas en México, según el organismo.
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