El cierre del psiquiátrico más importante de Buenos Aires: ¿Otro efecto de la 'motosierra' de Milei?

Los trabajadores del Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte, de la Ciudad de Buenos Aires, denunciaron que el Gobierno de Javier Milei busca cerrar el establecimiento, tras ella clausura de los servicios de internación y guardia. Todo ello abre cuestionamientos sobre cómo el Gobierno de Javier Milei gestiona los asuntos de salud pública.

Concretamente, la orden del Ejecutivo fue trasladar a los pacientes, en su enorme mayoría, personas sin recursos económicos en pleno tratamiento psiquiátrico, a otro nosocomio. La respuesta de los profesionales fue inmediata: los más de 600 trabajadores decidieron permanecer en sus puestos, tomar el establecimiento —garantizando atención mínima e indispensable— y convocar a la comunidad a defender el sostenimiento del espacio.

"Están desmantelando la salud pública, la educación y todo el Estado", dijo a Sputnik Daniel Antagli, psicólogo social del Hospital Bonaparte, desde las puertas del establecimiento. "Creemos que están apuntando a cerrar el hospital, pero la gente necesita de este hospital público, que es el único de la Ciudad de Buenos Aires, y por eso vino a acompañarnos".

"Estamos en la resistencia, pero garantizando el cuidado de los pacientes internados. Muchos pacientes vinieron para sus controles y por eso tratamos de no dejar de atender esas demandas. Acá hay un desguace y un vaciamiento del Estado", precisó a Sputnik Cecilia Karagueuzian, jefa del servicio de Medicina General del nosocomio.

En un comunicado, el Ministerio de Salud de la Nación adelantó que habría una "reestructuración" del establecimiento. "Con una internación promedio anual de 19 de pacientes diarios, los indicadores de cantidad de atención y consultas resultan muy bajos para lo esperable de un hospital con servicios generales, considerando las dimensiones edilicias, y la cantidad de recursos humanos asignados", precisó el documento.

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La respuesta no tardó en llegar. El Centro de Estudios Legales y Sociales, organización no gubernamental destinada a la protección de derechos civiles y humanos, presentó en sede judicial un hábeas corpus que llevó a la Justicia a exigir al Gobierno nacional que precise la información en torno al vaciamiento del hospital.

Puertas adentro del establecimiento, la situación es de absoluta incertidumbre. En diálogo con Sputnik —desde la protesta— Malena Sayag, trabajadora social del Hospital Bonaparte, remarcó que "los 612 trabajadores tenemos un contrato que se renueva cada tres meses, que venció el 30 septiembre y todavía no nos han renovado".

"El director nos anticipó que esta semana se oficializará un decreto presidencial para cerrar el hospital. Hasta que haya una comunicación clara que indique lo contrario, estamos en alerta. El acompañamiento a niños, adolescentes y familias es fundamental porque nosotros estamos insertos en una red de cuidado de las personas que más lo necesitan", indicó la profesional.

El caso del Bonaparte no es el único. Días atrás, las autoridades del Hospital Español en Buenos Aires advirtieron que estaban enfrentando un virtual "vaciamiento" del establecimiento. El jefe de clínica médica del nosocomio, Fernando Wahlmann, denunció que "se están yendo los profesionales por falta de pago".

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"Esto forma parte de la motosierra: terminar de ajustar al Estado cortando servicios sociales, intuyendo que la sociedad no va a reaccionar. Lo positivo de este proceso es que hubo una reacción importante de la ciudadanía", dijo a Sputnik Leandro Santoro, diputado nacional de Unión por la Patria, presente en la convocatoria en solidaridad con el Hospital Bonaparte.

"Esto es lo mismo que el recorte presupuestario a las universidades: es el recorte de los servicios sociales, el retiro del Estado de roles que son indelegables. Apuestan a la pasividad de la gente, y cuando esta reaccione van a retroceder", afirmó el legislador.

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