"ARTICULO 1º.- Obsérvase en su totalidad el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 27.757 (…) ARTÍCULO 2º.- Devuélvase al H. Congreso de la Nación el Proyecto de Ley mencionado en el artículo anterior", señala el decreto publicado en el Boletín Oficial.
La norma sancionada por el Senado el 13 de septiembre, implica una inversión estatal de 735.598 millones de pesos (unos 750 millones de dólares al cambio actual), lo que representa el 0,14% del producto interior bruto (PIB), según la Oficina del Presupuesto del Congreso.
Para el Gobierno, el proyecto de ley sancionado por el Parlamento "es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento".
En el proyecto de Presupuesto 2025 presentado al Palacio Legislativo, el Ejecutivo también decidió suspender la obligación del Estado de invertir en educación al menos el 6% del PIB.
No obstante, en el debate del proyecto se advirtió que dichos fondos podrían salir, entre otras alternativas, de un porcentaje del blanqueo de capitales que el Gobierno argentino mantiene vigente a personas físicas y jurídicas que tienen fondos sin declarar o de un impuesto a las grandes fortunas.
En un comunicado emitido el 2 de octubre por la noche, la oficina de Milei adelantó que vetaría el proyecto, al que calificó de "irresponsable" porque aumenta el gasto público.
"Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025", indica el escrito.
Una marcha transversal —en cuanto a espacios políticos— reunió el 2 de octubre en la capital argentina a centenares de miles de personas que exhibieron su apoyo a la universidad pública y que dejaba traslucir otro trasfondo: el rechazo a la política de ajuste que ejecuta el Gobierno de Milei desde el inicio de su mandato, en diciembre de 2023.
Esta movilización, que también tuvo su eco en otras 47 ciudades del país, es la segunda que organiza la comunidad educativa en apenas cinco meses. La comunidad universitaria pública de Argentina está integrada por más de dos millones de estudiantes, más de 155.000 profesores y unos 60.000 funcionarios no docentes.
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