Otra provincia argentina se suma al cobro a ciudadanos bolivianos por atención médica

La Legislatura de Jujuy reglamentó una normativa para que los extranjeros paguen por atención médica en hospitales públicos, una medida destinada fundamentalmente a la comunidad boliviana en esa provincia del norte, limítrofe con Bolivia. Esta decisión marca una tendencia con otras provincias como Mendoza y Salta, donde viven gran parte de las familias bolivianas que emigraron a Argentina. ¿Mejoró así la calidad de la salud pública?

Sputnik dialogó con la diputada Natalia Morales, que participó de esa sesión, y con Silvia Martínez, de Acción por los Derechos Humanos de La Quiaca, población fronteriza con el departamento boliviano de Potosí. Destacaron que por su cercanía cultural y geográfica muchas familias jujeñas tienen sus integrantes a uno y otro lado de la frontera.

Morales, por su parte, indicó que el ahorro generado por arancelar la atención a ciudadanos del vecino país (el 90% de extranjeros en recurrir a hospitales provinciales) no se reporta un ahorro significativo, ni una mejora evidente en la atención dispensada.

En 2019 fue aprobada la ley 6.116, que establecía la creación del Sistema de Seguro de Salud para Personas Extranjeras. Pero nunca se avanzó en su reglamentación porque al poco tiempo los gobiernos de Bolivia y Argentina suscribieron un acuerdo de asistencia sanitaria recíproca.

En el debate previo a la reglamentación de esta ley, el pasado 18 de septiembre, los legisladores que apoyaron la moción sostuvieron que el gobierno boliviano dejó de cumplir el acuerdo.

Pero Martínez, periodista jubilada, observó que en los últimos meses se desarrolló en la provincia una campaña comunicacional destinada a desvirtuar el acuerdo de asistencia recíproca. De todos modos, en los últimos años se registraron casos en Bolivia de falta de atención a ciudadanos argentinos, que el Gobierno boliviano atribuyó a carencia de información en el personal de salud.

Para Morales, la decisión de Jujuy está en sintonía social y económica con el Gobierno de Javier Milei, asumido en diciembre de 2023. Recordó que en 2019 "como bloque de izquierda fuimos los únicos que nos opusimos. Ahora, en el contexto de un ajuste brutal al sistema de salud público y con un Gobierno de ultraderecha, el Gobierno provincial toma nuevamente la agenda de cobrar por la salud pública a extranjeros".

Lo cual, "afecta directamente a la comunidad boliviana, que representa más del 90% que recurre a atención médica. Son migrantes que vienen a Jujuy para mejorar su calidad vida, así como por la vinculación y las relaciones sociales que hay en esta provincia de frontera con Bolivia".

La diputada del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) subrayó: "Muchos tenemos familia boliviana y siempre hubo una relación profunda entre ambos países".

Morales votó en contra de esta ley, al considerar injusto que se culpe a la comunidad boliviana por las deficiencias del sistema de salud: "Se utiliza a la comunidad boliviana como chivo expiatorio cuando son ellos (los grupos provinciales gobernantes) los responsables por la saturación y colapso del sistema sanitario. Ellos son responsables de que las personas argentinas no tengan atención adecuada en salud".

La diputada subrayó que "los datos muestran un porcentaje muy mínimo incidencia de las personas migrantes en la atención pública. La incidencia presupuestaria es mínima. De hecho, el arancelamiento de las 70.000 personas bolivianas (que se atendieron en 2023 y la primera mitad de 2024) implicaría un ahorro de 500 millones de pesos", unos 520.000 dólares.

Para Morales es un monto mínimo "si se lo compara con lo que no pagan de impuestos las mineras que extraen litio en la provincia. Ni siquiera Ingresos Brutos pagan, porque el Gobierno provincial estableció el 0% de cobro a las mineras. Entonces la provincia pierde 12.600 millones de pesos", unos 13 millones de dólares.

Este contexto hizo reflexionar a la diputada: "Todos son argumentos (para arancelar la atención) tienen un trasfondo racista, discriminatorio y xenófobo. Buscan un chivo expiatorio para ocultar los recortes que vienen haciendo dirigidos a la privatización del sistema de salud que se lleva adelante con distintas leyes que arancelan todos los servicios".

Evaluó que se empieza por arancelar a la población boliviana, pero se avanzará "para abrir la puerta a la privatización de este sistema, que en Argentina es un derecho universal, a diferencia de lo que pasa en otros países".

Según Martínez, defensora de derechos humanos, "la provincia de Jujuy tiene un 80% de descendientes de inmigrantes y la gran mayoría son de Bolivia. Aquí, en La Quiaca, todos tenemos parientes cruzando la frontera. Sin embargo, Jujuy es la provincia más discriminadora hacia todo lo que sea boliviano. Lo digo con mucho dolor, porque nadie quiere reconocer sus orígenes".

Comentó que en la Legislatura jujeña "la gran mayoría pertenece al partido gobernante (Cambia Jujuy, ligado a la Unión Cívica Radical), que desde hace mucho tiempo viene preparando el terreno para ir en contra de los intereses no solamente de los migrantes, sino también de la población indígena originaria. Esto se ha acentuado desde la asunción de Milei".

Evaluó que cobrarle a los vecinos bolivianos por atención médica es "muy chocante, muy marginante para ellos. Es cierto que la gente de Villazón (Potosí) viene a atenderse aquí, porque nuestro sistema de salud es gratuito, no así el de Bolivia. Quizás habría que regular un aporte colaborativo, porque a veces son tratamientos largos. Pero no actuar de esta manera discriminatoria".

Martínez resaltó el rol de los medios de comunicación para distorsionar o manipular lo que se pretende imponer como verdad. Contó que cuando se aprobó este reglamento, "un referente muy poderoso del periodismo de Jujuy dijo que con lo que se cobre a los bolivianos vamos a construir un gran muro en la frontera La Quiaca-Villazón. Son ideas que en vez de hacernos avanzar humanamente, más bien representan un retroceso. Es lastimoso".

El año pasado, un motociclista argentino se accidentó en la zona del trópico de Cochabamba y no recibió atención médica porque solamente tenía pesos de Argentina, no tan devaluados en ese momento como ahora. Finalmente falleció.

Meses atrás, un turista argentino murió sin recibir atención en la puerta de un hospital del departamento de Oruro, luego de que fuera apuñalado en una pelea con un ciudadano colombiano.

Pero el caso que tuvo mayor resonancia fue en julio pasado, cuando una niña argentina se quemó con agua hirviendo en Villazón. Cuando fue estabilizada, su familia decidió trasladarla a la capital provincial, San Salvador de Jujuy, lo mismo que hacen muchos ciudadanos bolivianos cuando necesitan atención especializada.

"Fue una decisión de la madre no atenderse en Bolivia. Pero se utilizó este caso para decir que el convenio no se cumplía", como argumentaron los legisladores jujeños al momento de la votación.

De acuerdo con la ley 6.116, la Gobernación jujeña queda encargada de "las autorizaciones, modalidades, excepciones, nomencladores y valores retributivos de las prestaciones del seguro provincial de salud para las personas extranjeras".

En marzo pasado, la provincia de Salta, también lindera con Jujuy, tomó la misma determinación. El ministro de salud salteño, Federico Mangione, celebró que desde ese momento el Gobierno provincial se ahorró 60 millones de pesos, unos 60.000 dólares.

En declaraciones a la prensa local, aseguró que en los últimos seis meses cayó en más de un 80% la concurrencia de pacientes extranjeros, entiéndase bolivianos, a hospitales de Salta.

Se calcula que en Argentina viven más de dos millones de ciudadanos bolivianos. No existe un número preciso, ya que parte de ellos tienen un estatus migratorio irregular.