Los prestamistas públicos y privados deberían incluir cláusulas de emergencia en todos los préstamos a los países más pobres, declaró a FT la secretaria general del Tesoro y Financiación Internacional de España, Paula Conthe.
"De lo contrario, podrían entrar en una espiral negativa de endeudamiento en la que sus dificultades de liquidez se convertirían en problemas de solvencia", señaló.
Según la titular de Hacienda española, Madrid pretende utilizar su influencia como miembro del llamado Club de París de países ricos prestamistas para presionar para que tales cláusulas sean más generalizadas y cubran más tipos de desastres que pueden ocurrir a las naciones en desarrollo, y quiere hacer de las pausas un elemento estándar del marco general del G20 para los préstamos a los Estados pobres.
En opinión de Conthe, estas medidas solo podrían suponer un "verdadero alivio" para los deudores si se generalizan.
Como destaca el medio, España "tiene peso" al ser miembro de bancos multilaterales que operan en mercados emergentes, como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.
22 de septiembre, 14:42 GMT
En 2024, continúa el periódico, España ya ha incluido cláusulas de pausa en los préstamos a Ruanda y Senegal debido a la crisis alimentaria. Y en agosto pasado, Granada se convirtió en el primer país del mundo en utilizar una disposición de este tipo, suspendiendo durante un año el pago de 112 millones de dólares en bonos tras los daños causados por el huracán Beryl que azotó la zona y ese país caribeño en julio.
Sin embargo, algunos analistas afirman que es muy complicado diseñar disposiciones para suspender los pagos en función de factores específicos causados por catástrofes como la sequía, que son "más difíciles de medir", subraya el medio. Así, aparte de Granada, pocos países han adoptado este tipo de cláusulas incluso para riesgos como los huracanes, que pueden cuantificarse con "relativa facilidad", agrega.
Por otra parte, el economista del think tank estadounidense Consejo de Relaciones Exteriores, Brad Setser, cree que estas prácticas serían beneficiosas tanto para los acreedores como para los deudores, y no aumentarían significativamente los costos de financiación de los países en desarrollo.
"La posibilidad de suspender los pagos durante un año en caso de fuerza mayor, por así decirlo, ayuda al deudor y al acreedor. Evita un impago innecesario y permite que el deudor no tenga que preocuparse por conseguir fondos durante una emergencia", concluyó, citado por FT.
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