En tales circunstancias, plantea el medio, el proyecto de esa ley será la prioridad más urgente para el primer ministro francés, Michel Barnier, nombrado el 5 de septiembre. No obstante, el titular antes tendrá que encontrar un nuevo ministro de Economía para sustituir a Bruno Le Maire, que anunció que no seguiría en el cargo.
La UE encargó a Francia y a otros seis países que presentaran una estrategia presupuestaria a largo plazo antes del 20 de septiembre.
La exigencia se debe a las duras medidas de la Unión Europea para los países con una deuda superior al 60% del PIB y déficit presupuestario por encima del 3%. El déficit de Francia en 2023 es del 5,5% y su deuda ronda el 111% del PIB, recuerda el portal.
Los países están obligados a tomar medidas correctoras para cumplir las normas presupuestarias europeas en el futuro, bajo pena de sanciones financieras.
De acuerdo con el presidente del Tribunal de Cuentas francés Pierre Moscovici, citado por el medio Parisien, el método propuesto para reducir el déficit por debajo del 3% en los próximos tres años —un ahorro de unos 100.000 millones de euros (casi 110.000 millones de dólares al cambio actual)— "es brutal, políticamente difícil de aplicar, socialmente inaceptable y económicamente incoherente".
Cabe destacar que Barnier ya está bajo presión mientras intenta formar Gobierno y no tiene mayoría en el Parlamento.
El 7 de septiembre, unos 110.000 manifestantes acudieron a ciudades de todo el país galo para oponerse al nombramiento de Barnier como primer ministro, después de que el partido Francia Insumisa (izquierda) y otras organizaciones convocaran protestas.
Por su parte, un sondeo de Ifop indica que solo el 42% de los franceses aprueban su nombramiento como primer ministro, mientras que 52% desconfían de Barnier.