El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, afeó el caso al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y a los titulares del Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles.
"Lo de ayer es incalificable y no puede quedar impune. Solicito la comparecencia urgente de Sánchez y el cese fulminante de Marlaska y Robles por la negligencia del operativo policial y CNI. Ante esta farsa, el Gobierno no puede seguir de vacaciones riéndose de los españoles", tuiteó el líder del PP.
A su vez, el presidente del partido ultraderechista de España Vox, Santiago Abascal, también considera a Pedro Sánchez, a Fernando Grande-Marlaska, y a la jefa del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, cómplices de la huida del exjefe del Gobierno de Cataluña.
"El presidente del Gobierno, el ministro del Interior y la directora del CNI habrían dimitido por vergüenza en cualquier país con el más mínimo Estado de derecho. El problema es que esos personajes en España no son incompetentes, sino cómplices de la huida de Puigdemont. Por eso no dimitirán. Todos ellos son los autores del golpe a la ley, al Estado de derecho y a la dignidad de la Patria", publicó Abascal en su cuenta de la red social X.
El 8 de agosto, Puidgemont, prófugo de la Justicia española y residente en Bélgica desde 2017, apareció brevemente en el centro de Barcelona, donde se dirigió a sus partidarios y después se escapó, perdiéndose entre la multitud.
"Puigdemont ya está regresando al [municipio belga de] Waterloo", comentó en una entrevista con la emisora de radio RAC1.
Turull también señaló que Puigdemont pasó la noche del 6 al 7 de agosto en Barcelona, en un lugar donde nadie podía verlo. Así, estuvo en la región dos días antes de su discurso en Barcelona el jueves, agregó.
La investidura del nuevo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quedó eclipsada el 8 de agosto por la fugaz comparecencia en Barcelona y posterior desaparición del exjefe del Gobierno catalán Carles Puigdemont (2016-2017), sobre el que pesa una orden de detención nacional.
El político huyó de España poco después del referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña, celebrado el 1 de octubre de 2017. Desde entonces, las autoridades judiciales han solicitado sin éxito su extradición.
En mayo pasado entró en vigor en España una ley de amnistía para los implicados en el proceso independentista catalán. Sin embargo, el Tribunal Supremo de España no amnistió a Puigdemont y dejó en vigor la orden nacional de detención contra él. El tribunal consideró que el delito de malversación de caudales públicos, uno de los cargos imputados al político, no es susceptible de amnistía.
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