Tras casi siete años fugado en Bélgica, Carles Puigdemont retornó a Barcelona en la mañana del 8 de agosto con la intención de dirigirse a sus seguidores y, tal vez, asistir al debate de investidura del candidato socialista Salvador Illa.
Estaba previsto que su presencia se resolviese posteriormente con su arresto, al parecer pactado: una detención discreta. Pero el expresidente catalán desapareció tras el escenario una vez terminó su alocución ante los miles de seguidores congregados en el parque de la Ciutadella, en las inmediaciones del Parlamento de Cataluña. En su discurso, Puigdemont resaltó que la celebración de un referéndum "ni es ni será nunca un delito" y afirmó que la amnistía debe servir "para devolver a la política lo que nunca tendría que haber salido de la política".
"Han convertido el ser catalán en una cosa sospechosa. (…) Todavía estamos aquí, no tenemos derecho a renunciar", declaró Puigdemont, que denunció la politización de la justicia y el daño que la "represión" ocasiona "mientras cuatro jueces manden más que un parlamento".
Acabado su discurso, el político catalán y su comitiva encaminaron sus pasos hacia el Parlament, donde a las 10:00 horas comenzaba el pleno de investidura para elegir al candidato socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat tras su victoria en las elecciones autonómicas. Pero mientras sus acompañantes entraban en el edificio del Parlamento, Puigdemont montó en un automóvil de color blanco que le esperaba y se esfumó.
Casi de inmediato, los mossos d'Esquadra (la policía autonómica catalana) y la Guardia Urbana activaron un operativo para capturarle: la operación Jaula. De resultado infructuoso, el dispositivo terminó siendo anulado y se arrestó a un policía autonómico bajo sospecha de haber facilitado su propio vehículo para la fuga del expresidente catalán. Al poco la operación se reactivó, colapsando los accesos y salidas a Barcelona. Posteriormente, un segundo agente fue arrestado y también los mossos citaron a Jordi Turull, secretario general de Junts, a declarar por lo sucedido.
La situación fue descrita por el opositor Partido Popular como "humillación insoportable" y "espectáculo bochornoso" que daña la imagen de España. "Es doloroso asistir en directo a este delirio del que @sanchezcastejon es el máximo responsable", escribió en su cuenta oficial en la red X el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en referencia al presidente Pedro Sánchez.
"La alfombra roja que hemos visto hoy para Puigdemont, lleva las siglas del Partido Socialista", afirmó su secretaria general, Cuca Gamarra, en el transcurso de una declaración institucional.
Nuevo presidente catalán
Carles Puigdemont llevaba días anunciando su regreso a Cataluña luego de siete años exiliado en Bélgica y esquivando las resoluciones judiciales en su contra. Pese a que la ley de amnistía fue aprobada por el Parlamento español y ya se le retiraron los cargos por terrorismo en el caso Tsunami, a Puigdemont, no obstante, le amenaza una orden de busca y captura por un delito de malversación de fondos durante la organización del referéndum de 2017.
No estaba claro qué habría podido suceder en caso de haber sido detenido: permanecer recluido en un calabozo en Barcelona hasta ser citado para declarar, ser trasladado a Madrid para que su caso lo asumiese el Tribunal Supremo, o incluso ser puesto rápidamente en libertad con una citación judicial.
Pero de haberse culminado su arresto, es muy probable que el debate de investidura se hubiera cancelado, peligrando la nominación de Salvador Illa. Finalmente, Illa fue investido como nuevo presidente catalán con los votos del PSC, ERC y los Comúns.
La situación en torno a Puigdemont gravitó durante el debate de investidura, si bien Illa no aludió a su persona directamente. Durante su intervención, el político socialista reclamó una aplicación "ágil, rápida y sin subterfugios" de la ley de amnistía para lograr la "normalización plena" de Cataluña. Illa también defendió el nuevo modelo de financiación acordado con ERC para transformar la región y mejorar sus servicios e infraestructuras públicas.
"Es un paso necesario que no pone en riesgo el principio de solidaridad; todo lo contrario", aseguró Salvador Illa desde el atril.
Mediante un mensaje en la red X, Pedro Sánchez lo felicitó en catalán y elogió sus capacidades. "Conozco tu templanza, tu sentido común y tu capacidad de trabajo. Justamente lo que necesita Cataluña. Serás un gran presidente", escribe Sánchez, poniendo de relieve que con Illa al frente de la región, "Cataluña gana y España avanza".
La investidura de Illa podrá contribuir a recuperar la normalidad en Cataluña, cree Jaime Ferri, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), para quien "los procesos están desarrollándose de acuerdo con los procedimientos establecidos", lo cual es una muestra del inicio de tal recuperación.
"Hay que intentar olvidar el monotema de Cataluña como excepción", explica Ferri a Sputnik.
"Cataluña es un territorio singular en España, pero solo con la fuerza de la razón y los votos se acabará con el discurso excluyente y soberanista", añade. A su juicio, la clave de la normalización política en Cataluña reside en anular el choque de posiciones entre los "independentistas irredentos" y los "centralistas de visión monolítica de España" que buscan imponerse en todo el Estado. "La España real es más plural", subraya.
El show de Puigdemont
Muchos en España se preguntan si la llegada de Puigdemont a Cataluña y su nueva desaparición es mero efectismo en un contexto gubernamental dominado ya por el deseo de rebajar la tensión política y social en virtud de la aprobación de la ley de amnistía.
"Todo esto es un esperpento que pone de manifiesto el vacío de la política independentista y, ojo, también el de la forma de hacerle frente; el intento de perseguirle a pesar de la ley de amnistía. Porque tenemos un Tribunal Supremo empeñado en no aplicar lo que la ley dice", explica Jaime Ferri.
Los jueces de este órgano argumentan que a Puigdemont cabe imputarle un delito de malversación de fondos que quedaría fuera del ámbito de aplicación de la ley de amnistía, por lo que tiene que ser arrestado. Pero en opinión de otros juristas, no cabe tal interpretación. Así lo estima Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla (US), que niega la legalidad de una hipotética detención de Puigdemont.
"El Parlamento ha aprobado una ley de amnistía que lo impide. Si se lo detiene es porque hay jueces en España que no respetan la ley y se sitúan por encima del Parlamento", escribe Urías en su cuenta en X.
En este punto, el problema radica en que magistrados del TS como el juez Pablo Llarena interpretan la ley de modo que se ajuste a la "política de enfrentamiento" que hace que los independentistas no tengan cabida en España. "Y justo ese enfrentamiento condujo a dos referéndums", recuerda Ferri.
"Pero en aquel momento —explica—, al PP le convenía ese enfrentamiento. Por él perdía votos en Cataluña, pero en el resto de España los ganaba, con su supuesta defensa de la unidad de España, sin negociar, como es ahora el caso de la financiación y la lengua con los representantes legítimos".
Pero cabe la posibilidad de que Puigdemont sea finalmente localizado, arrestado y metido en prisión provisionalmente. En tal caso, la situación sería "transitoria" y a la espera de un fallo del Tribunal Constitucional.
"Con su interpretación, el juez Llarena pretende condenarlo. Estuvo muy mal lo que hizo Puigdemont, pero ya hay una ley que dice que hay que hacer borrón y cuenta nueva", añade Ferri, para quien el PP y el expresidente Mariano Rajoy también son culpables del extremo al que se llegó en Cataluña. "Nunca se reunieron con Puigdemont", lamenta.
"Se pone de manifiesto la capacidad de Puigdemont para atraer la atención. Pero, por otra parte, empieza a haber normalidad", considera Ferri, casi seguro de que un ulterior arresto del expresidente no impedirá que el nuevo Gobierno de los socialistas catalanes eche a andar. De producirse, la detención sería transitoria, no podrá durar mucho. "De otro modo, se vulneraría su derecho constitucional de presunción de inocencia", señala Jaime Ferri.
El independentismo, a la baja
Las fuerzas soberanistas perdieron las elecciones catalanas de mayo y está en crisis. Aunque el independentismo tiene menos apoyos en los últimos años, Ferri cree que ERC, no obstante, será capaz de recobrar apoyos precisamente "por su ejercicio de responsabilidad política para comenzar esta legislatura".
"La situación actual en Cataluña es excepcional y se tiene que acabar, dura ya mucho tiempo", señala este politólogo, autor del ensayo El (des)encaje de Cataluña en España.
El nuevo modelo de financiación acordado por los socialistas catalanes con ERC y Comúns, al igual que la política de indultos, ha sido objeto de críticas incluso desde el seno del propio PSOE y desde posiciones de izquierda. Se destaca que el principio de solidaridad entre los diversos territorios puede quebrarse. Sin embargo, Jaime Ferri no lo cree probable.
"El acuerdo tardará tiempo en comprenderse y en articularse con otras comunidades y dentro del PSOE, pero el beneficio que se obtendrá, hará acallar esas voces", asegura.
En el fondo, se trata de trasladar el modelo de financiación que disfrutan el País Vasco y Navarra, donde se gestiona localmente el 100% de la recaudación de impuestos en virtud de una reglamentación foral. "Si el resto de regiones quiere un régimen de esa naturaleza, se negociará. Creo que no hay que temer al federalismo fiscal, que es lo que en realidad representa ese tipo de financiación. Bien aplicado, puede llevar a una equidad entre comunidades", concluye este politólogo.
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