Una resolución firmada por la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (Uiaas), una dependencia creada específicamente para "patrullas las redes sociales, aplicaciones y sitios de internet" y, según indica la propia resolución, utilizar la inteligencia artificial para "predecir futuros delitos".
La resolución también incluye entre los fines de la nueva oficina la vigilancia de la "internet profunda o dark-web" con el objetivo de detectar delitos e identificar a sus autores, así como "la detección de situaciones de riesgo grave para la seguridad".
La unidad también está autorizada a "analizar imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real a fin de detectar actividades sospechosas" y a "utilizar algoritmos de aprendizaje automático a fin de analizar datos históricos de crímenes" para la prevención de posibles delitos.
Asimismo, la resolución de Bullrich también reserva para esta oficina otras tareas fuera de internet, como "patrullar mediante drones áreas extensas" o incluso participar de la "desactivación de explosivos mediante robots".
Consultado por Sputnik, el experto argentino en tecnologías de la información, Martín Becerra, consideró que uno de los aspectos más "novedosos" de la resolución es que "por primera vez se explicita que el Gobierno va a patrullar las redes sociales, los sitios y las aplicaciones". Para el analista, se trata, sin embargo, de un objetivo "absolutamente desproporcionado" en función del alcance que esta nueva dependencia se propone.
"Las redes sociales, los sitios y las aplicaciones, como dice la resolución, son básicamente todo internet. No es solo la red sino también las aplicaciones descargadas en el teléfono, que puede ser la aplicación de comidas o de alguna afición que tengas como el fútbol, el ejercicio o las más variadas aplicaciones que nos descargamos", advirtió el especialista.
Para Becerra, uno de los puntos llamativos de la definición de objetivos de la nueva unidad es que el universo a vigilar es "desproporcionado" en relación con los "recursos intelectuales, técnicos y presupuestarios" con los que cuenta el Estado argentino. En ese sentido, consideró que "ni China ni EEUU" serían capaces de generar vigilancias en un campo tan exhaustivo como el que propone la nueva resolución de Bullrich.
De todos modos, la resolución que crea la unidad consigna, en sus fundamentos, que "países como EEUU, China, Reino Unido, Israel, Francia, Singapur e India, entre otros, son pioneros en la utilización de la inteligencia artificial" para tareas como el "reconocimiento facial", la "predicción de crímenes" o el "análisis de redes sociales y detección de fraude y anomalías".
Basados en esas experiencias, el Ministerio de Seguridad considera que utilizar la inteligencia artificial "puede mejorar significativamente la eficacia y eficiencia de las distintas áreas" de las fuerzas de seguridad, "ayudándoles a responder más rápido y con mayor precisión a las amenazas y situaciones de emergencia".
Además, la norma que dio a luz al nuevo cuerpo de seguridad explicita otra característica discutible: la unidad puede actuar por sí misma y depende exclusivamente de los requerimientos de la Justicia.
"Queda claro que el Ministerio de Seguridad se autoatribuye un poder más allá de lo que disponga el Poder Judicial. La unidad ya está funcionando y estas funciones como analizar actividades en redes sociales para detectar amenazas potenciales o predecir futuros delitos a partir de datos históricos no requieren, según la propia resolución, de una autorización judicial", explicó Becerra.
Así las cosas, la nueva política de ciberseguridad del Gobierno de Javier Milei podría redundar, consideró el analista, en la detención de usuarios de redes sociales o ciberactivistas, tal como sucedió en el pasado. En ese sentido, Becerra recordó que Bullrich ya había ordenado la detención de usuarios de la red social X (en ese momento Twitter) cuando fue ministra de Seguridad de Mauricio Macri (2015-2019) por haber publicado "amenazas" al mandatario en redes.
El problema de "predecir delitos"
Entre las mayores novedades de la nueva unidad está el uso de aplicaciones de inteligencia artificial, para lo que la propia resolución consigna como "predecir futuros delitos". Para Becerra, se trata de un punto "muy problemático" de la resolución, que ya trajo discusiones en otras partes del mundo.
Al respecto, recordó que la Unión Europea discutió meses atrás una regulación para este tipo de aplicaciones que pretenden utilizar cálculos probabilísticos para determinar qué personas tienen más chances de cometer delitos.
"Delegar a herramientas de inteligencia artificial, en general alimentadas con bases de datos de dudosa procedencia, la identificación de posibles delincuentes o posibles áreas, barrios o sectores sociales que podrían cometer delitos es muy peligroso", remarcó el experto.
En la misma línea, Becerra explicó que este tipo de herramientas provocará que "una persona sea más vigilada que otra por pertenecer a un barrio o un sector social al que una base de datos inauditable indica que comete más delitos que otro".
El experto recordó que este tipo de prácticas "viola principios constitucionales" de Argentina y "afecta la presunción de inocencia" de las personas.
Por ese motivo, Becerra confió en que organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos o incluso algunos jueces y fiscales puedan presentar sus reparos contra la normativa que rige a esta nueva unidad de ciberpatrullaje. "Me sorprendería que jueces y fiscales que efectivamente son probos en sus tareas dejen pasar una aberración como esta", apuntó, al tiempo que manifestó su esperanza de que esta política criminal encuentre coto también en el seno del Congreso argentino.
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