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"Lo que sucede en Ecuador es resultado de un neoliberalismo improvisado e incapaz"

A ocho meses de su llegada al Gobierno de Ecuador, al presidente Daniel Noboa "se le ha ido de las manos" la inseguridad y, tan solo en lo que va del año, unas 250.000 personas han abandonado el país, que está en un estado de parálisis económica, coincidieron asambleístas ecuatorianos en entrevista con Sputnik.
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"Nos está matando la delincuencia y este muchacho presidente [Daniel Noboa] mira a otro lado", dijo a este medio el asambleísta Leonardo Berrezueta Carrión, vicepresidente de la comisión de Soberanía, Integración y Seguridad del máximo órgano legislativo del país.

"Lo que sucede en el Ecuador es resultado de un neoliberalismo improvisado e incapaz, que lo representa Daniel Noboa", aseguró el legislador.

"La inseguridad, la criminalidad la violencia en el Ecuador siguen campantes (...) No tenemos respuesta en lo absoluto por parte del Gobierno de Daniel Noboa", afirmó, por su parte, la asambleísta Mónica Palacios Zambrano.
El pasado 18 de julio, por ejemplo, sujetos armados interceptaron un autobús en la provincia de Los Ríos, en el centro del país, subieron al vehículo con armas largas y mataron a cinco viajeros, entre ellos un niño de seis años de edad, según los reportes de la prensa local.
"Le puedo asegurar, es que los ecuatorianos salimos a las calles y tenemos miedo, tenemos miedo de que nos maten por un teléfono, tenemos miedo de coger un bus en la noche e irnos de una provincia a la otra y que entren delincuentes y nos maten (…) vivimos con miedo, pero no tenemos una respuesta del Gobierno", afirma la legisladora, integrante de la bancada de Revolución Ciudadana.
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"Falta de técnica en el manejo de las cifras"

Berrezueta, quien fue exministro de Trabajo y también es integrante de bancada de Revolución Ciudadana, cobró notoriedad esta semana al revelar que, de acuerdo con un reporte que él mismo solicitó a la Policía Nacional y que le fue entregado a través del Ministerio del Interior, se habían registrado 25.803 homicidios intencionales entre enero y el 20 de junio de este año.
Cuestionado por Sputnik sobre la cifra de homicidios, Berrezueta aseguró que la Policía Nacional dio "irresponsablemente" una cifra equivocada. El número correcto son 2.800 homicidios intencionales en lo que va del año, dijo el asambleísta, quien criticó "la falta de profesionalismo y la falta de detalle y de técnica en el manejo de las cifras por parte de la Policía Nacional".

"Cómo van a manejar la seguridad si ni siquiera la data la pueden manejar", señaló el político, quien también fue secretario de la presidencia y secretario particular del expresidente Rafael Correa.

De acuerdo con los datos de la propia Policía Nacional obtenidos por el asambleísta, de esos 2.800 homicidios intencionales solo el 8% están resueltos.
Según el también exviceministro de Seguridad interna del Ministerio del Interior, 10.400 personas han sido detenidas durante los estados de excepción desde el 1 de enero a la fecha, de las cuales solo el 25% tienen prisión preventiva.
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El 50% de los casos son considerados detenciones "sin datos"; lo que quiere decir, conforme a Berrezueta, que detuvieron a personas que "a lo mejor no tenían absolutamente nada que ver en el tema de algún tipo de delito y que fueron liberadas inmediatamente".

Incapacidad e improvisación

"Estamos viviendo en el país, una suerte de manejo irresponsable de la seguridad con un presidente que no tiene idea de administración pública en materia de seguridad ciudadana", señala el legislador de 45 años de edad, quien busca iniciar un juicio político contra la actual ministra del Interior, Mónica Palencia, por su falta de resultados en materia de combate al crimen y a la inseguridad.

"Tenemos una ministra del Interior que lamentablemente —puede ser una gran abogada o puede ser una persona que conozca mucho académicamente— el tema de la seguridad ciudadana se le ha ido de las manos y el país está cada vez peor", afirma Berrezueta.

Para el abogado y doctor en jurisprudencia, la violencia y la inseguridad que padece el país tiene que ver con una "manifiesta incapacidad" del Gobierno de Noboa que lo único que hace es tratar de generar un estado policiaco y manejar los temas como si se estuviera en una guerra.
Añadió que el publicitado Plan Fénix, con el que el Gobierno pretende combatir al crimen, en realidad no existe y se trata solo de un invento de marketing político que hicieron los asesores del presidente en el momento en que plantearon la campaña electoral.

"No hay una predicción, no hay cronograma, no hay responsables, no hay presupuesto, no hay objetivos, no hay un trabajo en el eje preventivo, en el eje de previsión, en el eje de respuesta, estamos siendo absolutamente reactivos", afirmó Berrezueta, quien cuestionó que el Gobierno no haya dado a conocer el contenido de ese plan, ni siquiera a los propios asambleístas con el argumento de que se trata de temas reservados.

Adelgazamiento del Estado

A decir del político opositor, el aumento indiscriminado de la violencia en los últimos años en Ecuador tiene que ver con "adelgazamiento" del Estado a su mínima expresión en los gobiernos de Lenin Moreno, Guillermo Lasso y ahora de Noboa, y también la desaparición del Ministerio de Justicia, que se encargaba de la política pública de rehabilitación social.
Para la asambleísta Palacios, lo que están padeciendo los ecuatorianos en la actualidad es un "narcoestado" en donde, además de los homicidios, imperan delitos como la extorsión y en el que incluso se han revelado nexos de grupos del narco con familiares de funcionarios del Gobierno como el ministro de Agricultura, Danilo Palacios. Su cuñada fue detenida en relación con un cargamento de tres toneladas de cocaína el pasado 1 de julio.
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Palencia, a juicio político

Berrezueta confía en que el movimiento Revolución Ciudadana consiga los votos necesarios en la Asamblea Nacional para llevar adelante un juicio político contra la ministra Palencia, que está ahora en proceso de sustanciación y que se espera que comience en cuestión de semanas.
Un fallo en contra de la ministra, responsable de las fuerzas de seguridad que tomaron la Embajada de México en abril de este año, implicaría su destitución inmediata, inhabilitación al menos por dos años e inicios de procesos de investigación en la Fiscalía General del Estado y en la contraloría.
"Tendrá que responderle al país de por qué ordenó a la Policía Nacional entrar con violencia, armados hasta los dientes, a la embajada mexicana, violando todo precepto derecho internacional", afirmó el representante del RC.
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