"Antes de irme, tengo que dejar resuelto eso, y lo vamos a [solucionar] legalmente. Ya hay una clausura, pero quiero que sea definitiva porque es mucho el daño que han causado (...). Va a ganar el Gobierno de México, tiene que [vencer] ante el arbitraje porque ni modo que [las autoridades] vayan a apoyar el ecocidio que se ha cometido en esta zona", expresó el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
El mandatario mexicano destacó que la compañía insiste en continuar con sus actividades, a pesar de las diversas prohibiciones impuestas por su Gobierno.
"Les ofrecimos todo: comprarles e, incluso, quitarles las multas por los daños ocasionados porque violaron toda la legislación en materia ecológica; eso está probado. Pero, como tienen aquí abogados (...), los sonsacaron (...). No vamos a expropiar, es solo aplicar la ley para que no se siga destruyendo el territorio", indicó.
Una querella internacional
Anteriormente, la empresa Vulcan demandó al Estado mexicano, que argumenta un crimen ecológico, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) del Banco Mundial. López Obrador adelantó que la decisión puede ser impugnada en tribunales, pero sostuvo que México tiene "derecho a cuidar su territorio".
El tribunal internacional determinará si México violó o no sus obligaciones bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La compañía exige una compensación de 1.529 millones de dólares en el juicio interpuesto en el CIADI.
La minera fue cerrada en 2023 con el argumento de haber causado un "desastre ecológico" en la costa caribeña de Yucatán.
La concesión de Vulcan Materials para explotar y comercializar piedra caliza triturada y hormigón premezclado, vence en 2037. La firma acusa al Estado mexicano de incumplir compromisos plasmados en el Memorando de Entendimiento de 2014, que dibujaba un camino para terminar con una serie de disputas legales añejas.
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