La aprobación en el Congreso peruano de una ley que establece la prescripción de los crímenes de guerra y de lesa humanidad moviliza a las organizaciones sociales y tiñe la esperanza de miles de personas víctimas de este tipo de delitos en unos 600 casos investigados o en juicio.
La norma fue propuesta por dos congresistas fujimoristas, uno de ellos un almirante en retiro que representa a marinos enjuiciados por desaparición forzada y asesinatos cometidos en el conflicto armado interno entre 1980 y 2000.
"Alberto Fujimori va a ser uno de los beneficiarios de esta norma porque la ley busca, entre otras cosas, cerrar los procesos judiciales contra procesados mayores de 80 años. Entre ellos hay varios militares en situación de retiro y que por el tema de la imprescindibilidad de estos delitos siguen en proceso", dijo a Telescopio el docente peruano José Alejandro Godoy, consultor en comunicación y política.
"Fujimori va a cumplir 86 años a finales de julio y tiene pendiente un caso de violaciones a los derechos humanos, el caso Pativilca, que es la desaparición forzada y ejecución judicial de seis campesinos en esa localidad ubicada a pocos kilómetros al norte de Lima", detalló Godoy.
A juicio del entrevistado, "es muy probable que se le sentencie o se le condene porque Fujimori ya recibió condenas vinculadas con las acciones del destacamento Colina, en particular los casos Barrios Altos y La Cantuta, y el caso Pativilca es otro de estos casos imputados a este grupo".
Si bien la Constitución peruana no menciona entre las funciones de la Comisión la aprobación de leyes, el Congreso decidió debatir a través de esa vía el proyecto aprobado con 15 votos a favor, 10 en contra y cinco abstenciones.
La norma aprobada fija la prescripción para los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos antes de julio de 2002, cuando Perú se adhirió al Estatuto de Roma, constitutivo de la Corte Penal Internacional y que prohíbe la caducidad de ese tipo de delitos.
"Fujimori no se puede presentar como candidato a la presidencia ni a ningún puesto de elección pública en general. El artículo 34A de la Constitución señala que ningún condenado en primera instancia podría hacerlo", indicó Godoy.
"Fujimori está condenado en doble instancia, y además el indulto, más allá de que haya sido dado regularmente con el que fue favorecido, no elimina la condena", agregó el experto.
"El presidente peruano entre 1990 y 2000 se declaró culpable en casos de corrupción y la Ley Orgánica de Elecciones establece que los condenados por corrupción no pueden postular a ningún cargo de elección popular, incluso cuando hayan cumplido ya su pena. Por tanto, estos son los dos candados que tendría", subrayó el consultor peruano.
El 2 de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una resolución en la que ordenó a los tres poderes del Estado peruano (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) "tomar las acciones necesarias para que no se adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley".
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