Según el primer coronel Mario Méndez Mayedo, jefe de la Dirección de Identificación, inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior (Minint), estos documentos resultan de cuatro años de trabajo, y agrega que mediante diferentes vías como el sitio web del Parlamento, correo electrónico y los comentarios en medios de comunicación, dan seguimiento a comentarios y dudas.
Durante una conferencia de prensa celebrada en La Habana, refirió que las mayores confusiones y manipulaciones están en el aspecto referido al patrimonio, por tanto, aclaró: "Nadie por ser residente en el exterior pierde su vivienda, nadie pierde su auto, nadie pierde una propiedad; eso no lo dice la ley, ratificamos que nadie la pierde, en eso somos categóricos".
En este sentido, indicó que todas las personas desde 2013 hasta la fecha mantuvieron su residencia en la mayor de las Antillas, aunque también radiquen en el exterior —cifra definida en 1.300.000—, "son favorecidos por esta ley, no pierden ningún derecho patrimonial".
Igualmente, "serán cumplidos" los compromisos contraídos por la nación caribeña con la moratoria, medida anunciada en marzo de 2020 para los cubanos fuera de la isla y relacionada con el tiempo de estancia en el extranjero de manera ininterrumpida, fijado en 24 meses; así como el respeto a los compromisos con personas reasentadas en Cuba, proceso conocido como repatriación.
Con esta normativa pendiente a aprobación y con una aplicación presumible para 2025, si es ratificada por los diputados, se elimina también ese plazo de permanencia en el exterior sin perder la residencia en territorio nacional, por tanto, la idea es que ese tiempo "no tenga límites".
Respeto a los derechos
Para Yuliesky Amador, profesor de la Universidad de Artemisa, estos proyectos de ley "no niegan, ni restringen el derecho de migración; por el contrario, lo actualizan y regulan, son muy abarcadores e incluyen en su cuerpo otras prerrogativas como la solicitud de la reunificación familiar con sus parientes residentes en el exterior".
Según expresó a Sputnik, la normativa deja claro que, en materia migratoria, los ciudadanos cubanos tienen no solo los derechos establecidos en la Constitución de la República sino, además, los refrendados en las disposiciones y tratados internacionales suscritos por la isla respecto a la posibilidad de entrada, permanencia, tránsito y salida del territorio nacional.
"Es mucho más beneficiosa, pues amplía y detalla todo lo asociado a las categorías, con la condición y clasificación migratoria del ciudadano cubano y de los extranjeros. Pretende, asimismo, el logro de la migración regulada, ordenada y segura, no de manera arbitraria, sino en consonancia con lo establecido en la carta magna y los acuerdos globales sobre el tema", explicó.
Por tanto, "no son documentos ajenos a la realidad del mundo, están atemperados al contexto actual de Cuba"; también comprende limitantes respecto a la salida del país para aquellos "ciudadanos que estén sujetos a proceso penal, tengan pendiente el cumplimiento de alguna sanción o las disposiciones asociadas al servicio militar obligatorio; por razones de defensa o seguridad nacional, obligaciones con el Estado, responsabilidad civil o carezcan del permiso para ello".
El académico expresó que esa prohibición incluye además a menores de edad sin la autorización de los padres o representantes legales, "ello no violenta el derecho de la persona a emigrar, son cuestiones que por determinado periodo impiden su salida del territorio nacional".
Ello permitirá, de igual manera, que el texto no transgreda, incumpla o entre en contradicción con las disposiciones constitucionales y se parezca mucho más a la sociedad donde se pretende aplicar; "estos proyectos contemplan diferentes enfoques: derecho, economía y demografía, por tanto, convergen varias ciencias en su contenido".
Por su parte, Rafael Ruíz Martínez, presidente de la Asociación de Cubanos Residentes en Nicaragua Antonio Maceo Grajales, puntualizó a Sputnik que la comunidad ha estudiado esos proyectos desde su publicación hace varios días y hasta el momento "estamos contentos, no vemos ninguna dificultad", pues la ley "nos beneficia y mantiene los vínculos con la patria, los derechos sobre las propiedades y determina claramente las diferentes categorías".
Leyes para sumar
"Nadie puede pensar que vamos a hacer una ley para restar, esta es una ley para sumar [en este sentido] no importa incluso que estén en un limbo migratorio, como está un importante grupo de cubanos en Estados Unidos en estos momentos; los que siguen este tema saben que hay alrededor de 300.000 cubanos, con entrada por la frontera sur y la condición I-220A", añadió Méndez Mayedo.
El pasado 11 de septiembre, la Junta de Apelaciones de Migración de EEUU determinó que los migrantes liberados en la zona limítrofe, portadores de ese documento también llamado parole condicional, no son elegibles para la aplicación a la residencia permanente de esa nación bajo la Ley de Ajuste Cubano.
"No tienen residencia en Estados Unidos, no se sabe cuándo la tendrían, hay juicios hasta 2028 planificados, pero si están en la moratoria no pierden ningún derecho en nuestro país, ni siquiera en estos casos, en eso somos categóricos, no hay limitación de derechos. Son proyectos para unir a los cubanos en general, alrededor de los problemas migratorios que son de alta complejidad e incidencia en nuestro país", argumentó.
El primer coronel recordó, asimismo, la política migratoria asumida por la Casa Blanca hacia la isla, cómo los cubanos deben viajar a terceros países pues la Embajada de Washington en La Habana ofrece solamente servicios limitados de visas de no inmigrante de emergencia y las implicaciones de la inclusión en la lista de territorios supuestamente patrocinadores del terrorismo.
¿Qué otros cambios suponen?
Esta normativa, "detiene el incremento de la condición de emigrado. Es una voluntad del país, desde la actualización de la política migratoria en 2013 de eliminar paulatinamente ese término", destacó y, sumado a ello, el Gobierno otorgará "todas las facilidades" para que el emigrado, si así lo desea, obtenga el estatus de residente en el exterior.
Ello determinará, explicó, que se "empieza a tener derechos que hoy como emigrado no tiene, porque en su momento la ley estableció esas limitaciones. Lo que pretende esta ley es dar un paso de avance en este sentido".
El primer coronel Mario Méndez Mayedo aseguró que los sondeos de opinión arrojaron como la preocupación principal el tema de la residencia efectiva migratoria.
Definida esta como "la condición que alcanzan los ciudadanos cubanos y los extranjeros residentes cuando permanecen durante cada año calendario, anterior a la fecha en que se certifica, la mayor parte de su tiempo en el territorio nacional o mediante una combinación de un período de permanencia y otras evidencias materiales que demuestren arraigo en el país", agregó.
Sobre el tema recalcó que la permanencia en la nación caribeña no alude a un período continuo sino a un tiempo acumulado, lo cual, explicó, "otorga más facilidades para entrar y salir de acuerdo con la dinámica de la vida" y la certificación responde a datos recogidos por la Oficina Nacional de Estadísticas, para saber la cantidad exacta de personas aquí.
Esas cifras, recopiladas de manera objetiva, "podrían impactar en las políticas públicas y reducir los costos adicionales para la economía" y subrayó que, actualmente, 41.522 cubanos residentes en el exterior están "caminando por nuestras calles".
Asimismo, respecto a la renuncia a la ciudadanía esta petición solo puede venir de la parte interesada si permanece fuera de la mayor de las Antillas y posee otra nacionalidad, y el caso de su privación por las autoridades es "extraordinariamente excepcional y solo la hemos aplicado a los invasores de Girón".
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