"Venezuela expresa su rechazo absoluto a los mensajes que, de manera grosera y arrogante, han sido transmitidos por el Gobierno, en estado de declive, del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a nuestra misión diplomática en Londres, en un nuevo y vulgar ejercicio de injerencia y pretensión neocolonial, osando cuestionar procesos internos de un país soberano y tomando partido por una clase política criminal y extremista, servil a intereses imperiales", señala el comunicado difundido por el canciller Yván Gil.
El ministro no ofreció mayores detalles sobre el contenido de los mensajes que recibieron los diplomáticos de su país.
Sin embargo, indicó que "el respaldo del Reino Unido e Irlanda del Norte a la ultraderecha venezolana es un llamado de atención sobre las pretensiones de dichos grupos, quienes han comprometido al país, aliándose con potencias extranjeras, entregando activos, como el oro retenido en el Banco de Inglaterra y promoviendo sanciones ilícitas y acciones legales contra su propio pueblo".
Asimismo, expresó que bajo ningún concepto permitirá que se perpetre el "despojo" de la Guayana Esequiba.
"La voluntad del pueblo venezolano, expresada de manera unánime en el referendo constitucional del 3 de diciembre de 2023, es un mandato que ratifica la independencia y la soberanía de la patria", destaca el documento.
Al respecto, Venezuela exigió al Reino Unido desistir de su posición "insolente" sobre la Guayana Esequiba.
En reiteradas ocasiones, el presidente Nicolás Maduro ha acusado al Gobierno de Guyana de actuar bajo el mandato del Reino Unido y Estados Unidos para despojar a su país del territorio Esequibo.
Desde hace más de 100 años Venezuela y Guyana mantienen un diferendo sobre la soberanía de la región, que abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo y posee grandes reservas de petróleo.
En 1966, ambas naciones firmaron un acuerdo para buscar una solución pacífica a esta disputa, pero Guyana introdujo en 2018 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la que pide al tribunal validar legalmente el laudo arbitral de 1899 que le da control absoluto sobre el territorio.
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