"El poder electoral de la República Bolivariana de Venezuela revoca y deja sin efecto la invitación que extendió a la Unión Europea para que participe a través de una misión de veeduría electoral en las elecciones del cargo de presidente, decisión adoptada en el ejercicio de nuestra soberanía", anunció este 28 de mayo el presidente de ese organismo, Elvis Amoroso.
El CNE exigió a la UE que proceda al levantamiento total de las sanciones, así como el cese de su posición "hostil" frente al país caribeño.
"Sería inmoral permitir su participación conociendo sus prácticas neocolonialistas e intervencionistas contra Venezuela, no siendo grata su presencia en un proceso electoral tan importante para la democracia y la paz de la nación", destaca el texto.
El CNE emitió la decisión dos semanas después de que la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) aprobara un acuerdo para solicitar a ese organismo electoral que dejara sin efecto la invitación a la UE por considerar como "grosero" a ese bloque.
El 13 de mayo, la UE retiró temporalmente las sanciones contra el presidente del CNE y los exfuncionarios Socorro Hernández, Xavier Moreno y Leonardo Morales, pero prorrogó las medidas contra el país hasta 2025.
En marzo, el CNE anunció la invitación de la UE para las presidenciales, y posteriormente el organismo electoral sostuvo dos encuentros con una delegación de ese bloque en la capital venezolana.
Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, señaló el lunes que "a su debido tiempo" daría a conocer sobre el posible envío de una misión de observación comunitaria de las elecciones presidenciales venezolanas.
En noviembre de 2023, el Consejo de la Unión Europea resolvió prolongar hasta mayo de este año las sanciones a Caracas y declaró estar dispuesto a relajar o suspender bajo determinadas condiciones las restricciones impuestas a esa nación latinoamericana.
En 2017, la UE impuso un primer paquete de sanciones contra Venezuela, el cual incluye un embargo a la venta de armamento y materiales conexos susceptibles de emplearse con fines de represión interna.
La lista también incluía la congelación de activos e impedir la entrada a territorio de la UE de algunos ciudadanos venezolanos.
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