Javier Milei echó este lunes 27 a su jefe de Gabinete, Nicolás Posse, luego de semanas de rumores de tensiones entre ambos.
Si bien el presidente había anticipado que todos sus ministros estaban en evaluación, nunca especificó públicamente una disputa con Posse.
El puesto fue tomado por Guillermo Francos, ministro del Interior, quien absorbió todos los cargos. Con esta designación, Milei marca una tendencia de empoderar a las pocas personas de su círculo de confianza al otorgarles múltiples funciones.
“La verdadera pregunta es si Milei debe cambiar de funcionarios o de política. Al igual que él, Francos ha llamado ratas a los diputados. Si siguen fogoneando contra el Congreso, su destino probablemente sea el mismo que el de Posse”, afirmó a Cara o Ceca el consultor político Gustavo Córdoba.
Por otro lado, conversamos con legisladores de La Libertad Avanza, que respaldaron la decisión presidencial.
"Javier entendió que Posse debía dar un paso al costado y colocó a Francos, quien tiene diálogo permanente con los legisladores y se lleva bien con todos los ministros, lo cual es importante porque tiene que coordinarlos”, manifestó el senador nacional Bruno Olivera.
Con un tono crítico de los primeros meses de gestión, el diputado nacional Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), dentro del oficialismo, dio su opinión sobre este cambio.
“Expresa la necesidad de darle un mayor volumen político al puesto. Parece que Posse tuvo déficit en su gestión porque, por ejemplo, no cubrió los cargos de funcionarios vacantes necesarios”, apuntó el entrevistado.
“Son más veloces los cambios que quiere implementar Milei que su sostén político. Este espacio es nuevo y no tiene una consolidación política que la dé previsibilidad. Lo vimos en el armado de segundas y terceras líneas, que ha sido muy vertiginoso”, observó Falcone.
Perú: denuncian constitucionalmente a Boluarte por corrupción
Avanza la causa contra la presidenta de Perú por enriquecimiento ilícito, a partir que se descubriera que posee relojes y joyas de alto valor que no se corresponderían con sus ingresos.
El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, la acusó en el Congreso, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y denuncias constitucionales, de ser “autora de delito de cohecho pasivo impropio (soborno) en agravio del Estado".
“Si bien la carpeta preparada indica que hubo un acto de corrupción, el sistema peruano marca una serie de pasos antes de la destitución que protegen la figura presidencial. Y el congreso no quiere deshacerse de Boluarte, así que van a tratar de empantanar la acusación”, dijo a Cara o Ceca Giancarlo Navarro, periodista peruano.
"Contra toda lógica, no veo imposible que Dina llegue al 2026 [fin de su mandato]. Este Ejecutivo se podría sostener dos años más; ya ha sobrevivido escándalos. Pero todo esto está ocurriendo con una presidenta sin legitimidad, con solo 5% de aprobación", agregó el experto.