"El Estado debía controlar la existencia de los comedores; sin embargo el 47,8% no figuraban como tal", precisó Manuel Adorni, portavoz del presidente, Javier Milei, en un breve texto difundido por sus canales.
Del total de comedores registrados, solo se pudieron relevar 52,3%, según la actual gestión, que se refirió a la realización de una auditoría para llegar a estas conclusiones.
Según ese estudio, un 32% de los establecimientos supervisados ya no funcionaba como tal; otro 25% no presentó "datos reales" y el 16% adicional declaraba una dirección en la cual "nunca funcionó un comedor merendero".
Entre los comedores que no han sido localizados se encontraba uno llamado Gauchito Gil, en donde había en realidad un barrio privado.
Con estos datos en la mano, el Ministerio de Capital Humano presentó una denuncia penal contra dirigentes del Gobierno anterior por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En la presentación judicial, la cartera que dirige Sandra Pettovello acusó a la gestión precedente de no controlar "los comedores matriculados durante los años de gestión de los programas sociales "Argentina contra el hambre".
A raíz de otra denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad, la justicia federal realizó en la víspera 27 allanamientos a comedores y merenderos gestionados por movimientos sociales e inspeccionó también las viviendas de sus dirigentes.
En una rueda de prensa, las agrupaciones sociales denunciaron que los operativos fueron "exageradamente violentos" pese a que había niños presentes; que algunos allanamientos se efectuaron en la madrugada y que la Policía hurtó "hasta 25.000 pesos (unos 25 dólares) que una compañera tenía para vivir".
12 de febrero 2024, 19:54 GMT
Desde que asumió la actual gestión el 10 de diciembre de 2023, los merenderos y comedores populares dejaron de recibir alimentos.
El Ejecutivo asume que así se eliminan las intermediaciones para que las ayudas lleguen de manera directa a quien lo necesita.
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