"El paro tuvo contundencia en los organismos de la Administración pública nacional", informaron a Sputnik fuentes del gremio.
Ante un amplio despliegue policial, centenares de trabajadores se movilizaron frente al Ministerio de Economía, situado en el centro de la ciudad de Buenos Aires a metros de la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, para participar en la protesta convocada a partir del mediodía (15:00 GMT).
"¡El paro de ATE es contundente en todo el país!", ratificó en las redes sociales el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar.
Si el Ejecutivo que preside el líder de La Libertad Avanza "no publica un listado con los supuestos ñoquis, tiene que determinar la reinstalación y el inmediato pago de las remuneraciones a todos los despedidos, porque hasta aquí no ha podido acreditar en ningún caso la causal invocada de la 'no prestación de servicios'", advirtió el referente gremial.
"Resulta imperiosa la justificación de los despidos, ya que ha sido el propio Estado nacional el que puso en revisión la planta transitoria", advirtió Aguiar.
ATE, que representa a 350.000 trabajadores de la Administración pública nacional, provincial y municipal, anunció el paro nacional con movilización para este viernes a raíz del cese de 15.000 contratos del sector público nacional que fueron dados de baja desde el 31 de marzo. Esta es la décima medida de fuerza que adopta el sindicato desde que asumió el Gobierno de Milei el 10 de diciembre.
Según ATE, con el despido de trabajadores "con 5, 10 y hasta más de 20 años de antigüedad quedó demostrado que no se trata de empleados que cumplen tareas estacionales o temporarias, sino que integran la planta permanente del Estado, realizando funciones inherentes a cada uno de los organismos, independientemente de la modalidad de la contratación".
La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio con más afiliados dentro de la Administración pública, presentó el jueves un amparo colectivo ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 57 para pedir el cese de despidos en el Estado nacional.
El 31 de marzo vencían unos 70.000 contratos de la Administración pública y el Gobierno informó que los que no fueran rescindidos tendrían una prórroga por tres meses más para evaluar su continuidad.
Desde que asumió la presidencia en diciembre, el Ejecutivo argentino lleva adelante un severo plan de ajuste que tiene por objetivo alcanzar el equilibrio fiscal, lo que ha llevado a una severa reducción del gasto público y a una licuación de los ingresos en un contexto de recesión.
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