La CIJ dijo que, desde el 26 de enero de 2024, las catastróficas condiciones de vida de los palestinos en la Franja de Gaza se han deteriorado aún más, especialmente a causa de la privación de alimentos y necesidades básicas ocasionada por los bloqueos israelíes al ingreso de suministros vitales y ayuda humanitaria.
"Los palestinos en Gaza ya no enfrentan solo un riesgo de hambruna, como se señala en la orden del 26 de enero de 2024, sino que la hambruna ya se está extendiendo", dijo el principal órgano judicial de las Naciones Unidas.
Por consiguiente, la Corte consideró que las medidas provisionales que dictó el 26 de enero pasado, en donde instó a Tel Aviv a tomar todas las medidas necesarias para evitar un genocidio, no abordan integralmente la situación de los palestinos de Gaza.
Así, la CIJ reafirmó por unanimidad las medidas adoptadas el 26 de enero y, además, le ordenó a Israel que garantice, sin demora y en total cooperación con las Naciones Unidas, el suministro sin obstáculos y a gran escala de la asistencia humanitaria que se necesita con urgencia.
La ayuda humanitaria incluye alimentos, agua, electricidad, combustible, vivienda, vestimenta, artículos de higiene y saneamiento, así como suministros médicos y atención médica a toda la población palestina en la Franja de Gaza.
La Corte precisó que esto debe garantizarse incluso mediante el aumento de la capacidad y número de cruces terrestres, los cuales deben permanecer abiertos durante todo el tiempo que sea necesario.
Asimismo, el máximo órgano judicial de la ONU le ordenó a Tel Aviv que garantice inmediatamente que sus fuerzas armadas dejen de bloquear el ingreso de la ayuda humanitaria y los suministros vitales que se requieren con urgencia en el enclave palestino.
Además, la CIJ determinó que el Estado de Israel debe presentar un informe en el que detalle todas las medidas adoptadas para cumplir con la resolución de la Corte. Para tal efecto, le otorgó el plazo de un mes a partir de la fecha de la orden.
El 11 y 12 de enero, la CIJ celebró audiencias sobre la demanda presentada por Sudáfrica el 29 de diciembre contra Israel, al que acusa de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza.
En particular, Sudáfrica pidió al tribunal que obligue a Israel a detener la operación militar en el enclave palestino, garantizar que sus habitantes tengan acceso a alimentos, agua y ayuda humanitaria, y a no impedir el acceso de las misiones internacionales a Gaza.
Fue el 26 de enero cuando la CIJ ordenó a Israel que adopte medidas para prevenir acciones como "el asesinato de miembros de un grupo; daños corporales o mentales graves a miembros de un grupo (y) la creación deliberada de unas condiciones de vida que tienen por objetivo la destrucción física total o parcial de un grupo".
Más adelante, el 7 de marzo, Sudáfrica presentó a la Corte Internacional de Justicia una nueva solicitud para solicitar nuevas medidas urgentes contra la nación hebrea debido al deterioro de la situación en la Franja de Gaza.
Desde el 7 de octubre, como venganza por el ataque sorpresa de Hamás, Israel realiza una operación militar en la Franja de Gaza, cuyos bombardeos han asesinado al menos a 32.414 palestinos —de los que 13.750 corresponden a niñas y niños—. Además, la nación judía ha bloqueado el ingreso de ayuda humanitaria al enclave palestino.
En ese contexto, el 29 de febrero, las Fuerzas de Defensa de Israel abrieron fuego contra un grupo de palestinos que esperaban recibir alimentos en la Franja de Gaza. En el ataque fueron asesinadas más de 104 personas y 760 resultaron heridas.
Según declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, recogidas por los medios de comunicación el 14 de marzo, más de 15.000 toneladas de ayuda humanitaria internacional se encontraban varadas, en espera de que Israel autorizara su ingreso a la Franja de Gaza.
Mientras que el 19 de marzo, la Organización de las Naciones Unidas alertó que Israel podría estar incurriendo en un crimen de guerra al evitar el paso de suministros básicos para la población civil de la Franja de Gaza.
La Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), por su parte, calcula que alrededor de 2,2 millones de personas de Gaza se encuentran en situación de crisis alimentaria o incluso peores niveles.
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