"No han desistido de su plan, de su estrategia de generar la máxima presión sobre Venezuela para tratar de forzar un cambio de régimen, por alguno de estos mecanismos que han venido ensayando a lo largo de la historia en América Latina para asesinar presidentes y generar procesos de desestabilización a lo interno y sabotear la economía", expresó Chávez, integrante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
El 13 de marzo, el fiscal general, Tarek William Saab, denunció un nuevo plan de intento de magnicidio, por el que fueron detenidos dos ciudadanos en el estado Monagas (este), luego de que publicaran mensajes en sus redes sociales refiriéndose a la muerte de Maduro.
Saab manifestó que este plan se suma a las otras cinco conspiraciones desmontadas por el Gobierno a finales de 2023 y principios de 2024, y que también tenían como objetivo asesinar a Maduro.
Además, Maduro señaló en enero que los planes de magnicidio habían sido planificados desde Estados Unidos y Colombia.
En 2018 Maduro sufrió un atentado con drones mientras se encontraba en un acto oficial en el centro de Caracas.
Al respecto, Chávez consideró que Estados Unidos recurre a la desestabilización porque sabe que Maduro será reelecto en los comicios del 28 de julio.
"Eso tiene que ver con que todas las encuestas y estudios de opinión que ha ordenado el Departamento de Estado dan cuenta de que es inminente una victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio (…) Va a apelar a todos estos mecanismos, van a utilizar, lamentablemente, el territorio de algunos países vecinos para persistir en la idea de derrocar el Gobierno", comentó.
Por el caso de las cinco conspiraciones, un total de 15 personas fueron detenidas por su presunta vinculación con el denominado plan "Brazalete Blanco", que tenía como propósito asesinar al mandatario y a otros funcionarios del Gobierno.
Los implicados fueron imputados por los delitos de traición a la patria, conspiración en la forma política, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del presidente de la República.
Acuerdo de Barbados
El canciller, Yván Gil, denunció el 12 de marzo que Estados Unidos demuestra sus implicaciones en el plan de magnicidio contra Maduro, a través del mensaje del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, quien pidió la liberación de los ciudadanos detenidos por su vinculación con operaciones terroristas.
El funcionario estadounidense publicó un mensaje en el que señaló que las detenciones de los miembros de Vente Venezuela, partido político de la opositora María Corina Machado, así como de la activista Rocío San Miguel, violan el Acuerdo de Barbados e hizo un llamado para su liberación.
Chávez, miembro de la comisión especial del parlamento que investiga los crímenes contra los migrantes venezolanos en el extranjero, manifestó que Washington es el único que viola el Acuerdo de Barbados, firmado entre la Administración de Maduro y la oposición.
"Realmente quien está violando los Acuerdos de Barbados, porque ha persistido en una política injerencista hacia Venezuela, es precisamente Estados Unidos, quien pretende que se irrespete la Constitución para favorecer a unos ciudadanos que, de manera evidente, han violado la Constitución", acotó.
El parlamentario afirmó que el Gobierno cumple con todos los puntos establecidos en el documento rubricado en Barbados en octubre de 2023.
"Si alguien ha respetado lo que se firmó en Barbados ha sido el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, dijimos que las elecciones en Venezuela se iban a celebrar en el segundo semestre del año, y eso fue producto del debate, del acuerdo de más del 92% de los partidos políticos", agregó.
Estados Unidos decidió el 29 de enero revocar la Licencia General 43, que autorizaba transacciones que involucraban a la empresa minera de oro estatal venezolana Minerven, y que había otorgado en octubre de 2023, en respuesta al acuerdo sobre las elecciones presidenciales de 2024 rubricado entre el Gobierno y la oposición, en Barbados.
Además, Washington advirtió a la Administración de Maduro que tiene hasta abril para cumplir con los acuerdos alcanzados con la oposición, o de lo contrario puede volver a afrontar sanciones.
De acuerdo con el Gobierno, las sanciones impuestas contra la nación afectaron la economía, y ocasionaron pérdidas de más de 232.000 millones de dólares en la última década.
Desde 2015 pesan sobre Venezuela más de 900 sanciones que provocaron la disminución del 99% de los ingresos, según la Administración de Nicolás Maduro.
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