"Venezuela rechaza enérgicamente la renovación de la orden ejecutiva que desde el año 2015 se ha utilizado para justificar una sostenida campaña de agresión contra el pueblo venezolano, violando toda norma del derecho internacional, constituyéndose en un caso de castigo colectivo", señala un comunicado difundido por el canciller, Yván Gil.
Biden decidió extender por un año más la Orden Ejecutiva 13.692, aprobada por la Administración Obama (2009-2017), con la que se declaró a Venezuela "una amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad de su país.
El Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, señaló que, con la extensión de la medida, EEUU demuestra que no está en la capacidad de diseñar una política exterior coherente.
"Habiendo tenido la oportunidad de corregir errores e injusticias del pasado que incluso han afectado sus propios intereses, la Casa Blanca opta por continuar aplicando su terrorismo económico a través de sus más de 930 medidas contra nuestro país", destaca el texto.
De igual manera, manifestó que la crisis migratoria es consecuencia directa e inmediata de las sanciones y bloqueos impuestos por el Gobierno estadounidense.
"No se puede esperar otra cosa de un Gobierno que normaliza y banaliza el genocidio contra el pueblo palestino o que se muestra indiferente ante la pérdida progresiva de los derechos civiles de sus minorías", indica el documento.
La orden ejecutiva plantea sanciones y restricciones de visa para varios altos funcionarios de inteligencia y seguridad venezolanos. Desde 2015 pesan sobre Venezuela más de 900 sanciones que provocaron la disminución del 99% de los ingresos, según el Gobierno.
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