"Fueron jueces federales los que determinaron que, en vez de que esté en la cárcel el exdirector de Pemex, lleve su juicio en casa solo con un brazalete, porque sostienen que no hay ningún riesgo de que escape. La fiscalía seguramente apelará, si es que lo puede hacer, pero es un asunto entre la FGR y el poder judicial, que está podrido", apuntó en conferencia de prensa.
El mandatario mexicano criticó nuevamente a los jueces, magistrados y ministros de la nación latinoamericana, argumentando que permiten la liberación de toda clase de criminales.
"Esto tiene que ver con los jueces, con el poder judicial, que dejan libres a todos, a los presuntos delincuentes de cuello blanco y del crimen organizado", subrayó.
El 20 de febrero de 2024, un juez federal concedió la prisión domiciliaria a Lozoya, quien fuese titular de Pemex durante el sexenio del exmandatario mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018). De esta manera, volverá a portar un brazalete electrónico con el que será monitoreado por los jueces que llevan su proceso.
Ante esta medida, la FGR mexicana aseguró que el exfuncionario no ha ganado ningún juicio al que el Ministerio Público de la Federación lo ha sometido. "Solo ha obtenido de jueces y magistrados de la Federación, privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados", anunció en un comunicado.
La FGR destacó que las resoluciones que otorgan esos privilegios judiciales han sido "dictadas en forma parcial e ilegal", por el juez de control, Gerardo Genaro Alarcón López, y por los magistrados de los Tribunales de Apelación, Alberto Torres Villanueva y Juan Pedro Contreras Navarro.
Igualmente, la Fiscalía mexicana denunció que han sido excluidas pruebas que supuestamente fueron obtenidas ilícitamente por el Ministerio Público en Brasil y en Suiza, mediante tratados internacionales válidos que México ha suscrito.
Hace poco más de dos años, un juez federal canceló la prisión domiciliaria que gozaba Lozoya desde 2019, cuando fue extraditado desde España, y ordenó que regresara a prisión.
Gerentes de Odebrecht confesaron a la justicia brasileña que los sobornos fueron pagados para contribuir a la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, que llegó a la presidencia de México en 2012, a cambio de contratos con Pemex.
Sin embargo, Lozoya ha declarado que el dinero fue para sobornar legisladores que aprobaron una reforma de la industria energética en 2013, en confesiones que no ha podido comprobar.
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