¿Puede 'el método Bukele' aplicarse en otros países de América Latina?

Datos de las autoridades salvadoreñas revelan que, al menos en el corto plazo, el país vive uno de los mejores momentos en seguridad de su historia, resultados que se atribuyen a la estrategia del presidente Bukele contra las pandillas.

Con una tasa de homicidios de 2,4 por cada 100.000 habitantes y el 94,8% de crímenes resueltos, el 2023 fue el año más seguro en la historia del país centroamericano, con lo que se ha convertido en el más seguro de Latinoamérica, aseguró la Policía Nacional Civil el 3 de enero.

Los datos más actuales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) confirman que, desde la llegada de Bukele al poder, en junio de 2019, El Salvador ha registrado una importante disminución en la tasa de homicidios por cada 100.000, al pasar de 38 en ese año a 18,1 en 2021.

Precisamente en 2019, El Salvador se ubicaba como el cuarto país de América Latina con la tasa más alta de homicidios, solo por debajo de Jamaica, Venezuela y Honduras. En 2015 era el más violento del mundo, con una tasa de 107 muertes por cada 100.000 habitantes, mientras la media mundial era de seis, según estimaciones del Banco Mundial.

En cambio, Ecuador vive ahora la otra cara de la moneda. De ser uno de los países más seguro de la región hace cuatro años pasó a registrar el año más violento de su historia en 2023, con más de 7.500 homicidios, según las autoridades locales, lo que lo llevó a tener una de las tasas de asesinatos más altas de América Latina.

Esta crisis llevó al presidente Daniel Noboa —que no lleva ni dos meses en el poder— a declarar estado de excepción y conflicto armado interno, un estatus jurídico que habilita a las Fuerzas Armadas ecuatorianas a combatir a los grupos del crimen organizado.

Estas cifras se han logrado gracias al Plan Control Territorial, que fue lanzado el 20 de junio de 2019 por Bukele "con el objetivo de proteger la vida de los salvadoreños honestos y terminar con los grupos de pandilleros", según describe el Gobierno en su sitio web.

De acuerdo con el propio mandatario salvadoreño, su plan insignia consta de siete fases, y hasta septiembre de 2023 se han revelado seis: preparación, oportunidades, modernización, incursión, extracción e integración; la séptima sigue sin anunciarse.

Pese a los visibles resultados que ha logrado la estrategia, esta ha generado un importante debate a nivel internacional, en el que expertos e incluso gobernantes discuten si es ético y apegado a los derechos humanos aplicar ese tipo de acciones, que presumiblemente violan algunos derechos de los presuntos delincuentes.

Expertos señalan que el estado de excepción en El Salvador ha dado resultados y que no puede considerársele dictatorial debido a que fue aprobado por el Congreso, además de que es respaldado por la mayoría de la población del país centroamericano.

"Los delincuentes que se han estado arrancando de la justicia o evadiendo a la justicia están siendo seguidos y buscados, pero intensamente, por todas partes. La ley que protege al Gobierno en este caso para que se puedan realizar estas situaciones es el estado de excepción y ha sido aprobado tanto por el Congreso como por la mayoría de la ciudadanía", distingue en entrevista con Sputnik el asesor de seguridad nacional y analista de inteligencia y defensa Arturo Grandon, radicado en Washington.

Muchas de las críticas contra la estrategia de El Salvador están relacionadas con las afectaciones a la población civil. Sin embargo, Grandon aseguró que él ha estado personalmente en terreno en El Salvador y "la gente prefiere que los militares y la policía estén en la calle y ellos puedan circular libremente y no que los delincuentes estén en la calle. Hay un cambio en el paradigma de la aceptación de la población, el 94% de la población apoya un estado de excepción".

Sobre los derechos humanos, Grandon ponderó que los derechos que deben premiarse son los de las víctimas, no los de los criminales, quienes los vulneraron al cometer delitos tan graves como terrorismo, violaciones o narcotráfico.

"Los derechos humanos se respetan en El Salvador, pero los derechos humanos de las víctimas, de los ciudadanos, no de los delincuentes. Los delincuentes, las personas que delinquen, los criminales, los narcotraficantes, los violadores, los pandilleros, los terroristas cuando delinquen pierden sus derechos", argumentó.

Quienes están de acuerdo con el plan de seguridad salvadoreño hablan de que podría generarse un efecto Bukele, al menos en los países de América Latina que más padecen violencia, para que combatan la delincuencia por vías parecidas. Sin embargo, quienes están en contra de la postura de El Salvador advierten que ese tipo de tácticas supuestamente no son propias del margen democrático, como el que se presenta en la mayoría de los países de América Latina y del mundo.

A finales de 2022, el ministro de Seguridad de Costa Rica, Jorge Torres, declaró que las acciones de seguridad implementadas por Bukele también serían ideales para reducir la ola de homicidios que en ese momento afectaban a su nación.

En agosto de 2023, el primer ministro de Perú, Alberto Otárola, se mostró a favor de aplicar medidas para combatir la delincuencia similares a las implementadas por Bukele.

"Ciertamente, se podría. Una de ellas, aunque no sé si es el caso de El Salvador, es que nosotros hemos decidido enfrentar de manera decidida la migración ilegal internacional", dijo Otárola durante una rueda de prensa en Lima.

Recientemente, y en medio de un recrudecimiento de la violencia con la declaración de un conflicto armado interno para enfrentar a los delincuentes, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó el diseño de lo que denomino dos nuevas Cárceles de Alta Seguridad, que han sido consideradas muy parecidas a la recientemente construida por Bukele para miembros de bandas de pandilleros.