Los fondos estadounidenses para Ucrania se agotaron oficialmente, según declaró a la prensa el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, el pasado 3 de enero.
"Hemos dado a Ucrania el último paquete de ayuda para la seguridad para el que tenemos fondos justo antes de Año Nuevo, justo después de Navidad. Y tenemos que conseguir el apoyo del Congreso para poder seguir haciéndolo", admitió Kirby.
Shalanda Young, directora de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, advirtió recientemente que a Ucrania se le acaba el tiempo y necesita que los legisladores reaccionen con urgencia. Y aunque el Departamento de Defensa de Estados Unidos todavía tiene alguna capacidad limitada para ayudar a Kiev, "eso no va a conseguir que lleguen grandes partidas de equipos a Ucrania", subrayó Young.
De hecho, Ucrania ya también reconoció que no tiene un "plan B" si se agota el financiamiento estadounidense, a pesar de las especulaciones previas del economista Oleg Ustenko, asesor del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha exigido que se resuelvan los problemas de migración ilegal antes de aprobar nuevos paquetes de ayuda para Ucrania. El 3 de enero, Johnson, junto con 60 legisladores republicanos, visitó la frontera con México para exigir medidas más contundentes.
"Si el presidente Biden quiere un proyecto de ley de gastos suplementarios centrado en la seguridad nacional, más vale que empiece por defender la seguridad nacional de Estados Unidos. Primero queremos cerrar y asegurar la frontera", subrayó Johnson.
Según el Quincy Institute for Responsible Statecraft, "no es exagerado decir que lo que ocurra en el Capitolio en las próximas semanas podría determinar decisivamente la siguiente fase" del conflicto ucraniano.
El think tank con sede en Washington DC sugiere que el Senado "nunca ha sido el verdadero obstáculo" para aprobar el paquete ucraniano, mientras que la Cámara de Representantes sigue siendo el principal campo de batalla en esta pelea interna por fondos.
Johnson quiere que el proyecto de ley H.R. 2, Secure the Border Act, aprobado por la Cámara Baja el pasado mes de mayo, se convierta en ley. No hay que subestimar la determinación del presidente de la Cámara, que ha dejado claro que va a arriesgarse a un cierre del gobierno para aprobar este proyecto de ley.
La H.R. 2 obligaría a todos los empleadores de EEUU a verificar, bajo pena de prisión, que todos sus trabajadores estén documentados. Haría mucho más difícil que los inmigrantes soliciten asilo, y también exigiría al gobierno federal construir un muro de al menos 1.400 kilómetros a lo largo de los aproximadamente 3.200 kilómetros de frontera de Estados Unidos con México. El proyecto de ley también obligaría al Departamento de Seguridad Nacional a restablecer la detención de familias inmigrantes y acelerar las deportaciones de menores no acompañados.
Pero con gran parte de la base de votantes demócratas a favor de leyes de inmigración liberales, la facción gubernamental en el Congreso podría bloquear la legislación.
"La principal conclusión es clara: es muy posible que el Congreso no apruebe nuevos fondos para la ayuda a Ucrania este año", estima el think tank.
"Tal posibilidad podría obligar a la Administración Biden a impulsar las negociaciones para congelar el conflicto en su línea actual y encontrar un acuerdo que comprometa aspectos clave de los objetivos declarados de cada parte", dijo el instituto.
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