La ciudadanía ecuatoriana se encuentra expectante respecto al llamado a consulta popular que Daniel Noboa anunció durante su campaña electoral con el objetivo de reformar la constitución de 2008 en materia de seguridad.
El artículo 104 de la carta magna ecuatoriana establece que el jefe de Estado "dispondrá al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta popular sobre los asuntos que estime convenientes".
El equipo de asesores jurídicos del mandatario alista la batería de preguntas que buscan presentar ante la ciudadanía en los primeros meses del 2024. A ello se suma la reforma constitucional discutida en la Asamblea Nacional sobre la entrega de potestades de seguridad pública a las Fuerzas Armadas, en un contexto de crecientes índices de seguridad en el país andino.
"Noboa en campaña mencionó que utilizaría los recursos necesarios o que tendría que ajustarse a las medidas necesarias, acorde a lo que está atravesando el país. Dijo que él haría una consulta popular y que, puntualmente, tendría un matiz de reforma", expresó en conversación con Sputnik el abogado y analista en relaciones internacionales ecuatoriano Omar Sempértegui.
"Noboa está hablando de que posiblemente sean unas 15 preguntas. No se ha formalizado aún el tema, pero me atrevo a pensar que es un número muy extenso", apuntó el litigante.
Respecto a los temas sobre los que serán consultados los ecuatorianos, el analista reconoció que la inseguridad y el desempleo "son dos ejes importantes sobre lo que se está hablando actualmente como problemas del país".
"Estamos atravesando una ola de inseguridad terrible, con índices de criminalidad muy elevados", lamentó el analista. Por ello infirió que la consulta "iría enfocada a una reforma constitucional sea para temas de crimen organizado o de seguridad, como el tema de la extradición de ecuatorianos hacia el exterior", aseguró.
El antecedente más cercano de consulta popular en el Ecuador se remite a la realizada durante el Gobierno de Guillemo Lasso (2021-2023) en febrero de 2023, ocasión en la que ocho posibles enmiendas a la constitución de 2008 fueron rechazadas por los connacionales.
En aquella ocasión el electorado se pronunció en contra de "preguntas como la extradición de personas vinculadas al narcotráfico, que fue una de las más emblemáticas respecto al tema de seguridad", acusó.
En la actualidad, la nación andina atraviesa la peor ola de criminalidad en su historia, asociada al narcotráfico y al crimen organizado, con una tasa de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes registrados en 2023, cifras que lo convierten en el país más violento de América Latina en el presente.
Además del crimen organizado, "también está el tema del desempleo, pero no creo que esta consulta esté enfocada hacia ese tema como tal, salvo que quieran hacer algún tipo de modificación constitucional, para lo cual necesitan una consulta popular", enfatizó Sempértegui.
30 de noviembre 2023, 02:45 GMT
Las preguntas vertidas en la consulta popular deberán pasar por la aprobación de la Corte Constitucional, institución que declara la admisibilidad de las mismas y su pertinencia jurídica con los articulados de la constitución actual que se pretendan modificar.
"Si encuentran algún tipo de observación, le tienen que avisar al ejecutivo sobre incongruencias constitucionales para reformular la pregunta o la naturaleza de la pregunta", explicó Sempértegui.
De esta manera se evita que el proceso "se preste para consultas sobre algún tema inconstitucional, es decir, que vaya en contra de la normativa actual", argumentó el especialista en leyes.
En el orden de enmendar la carta magna ecuatoriana vigente, que data de la Asamblea Constituyente de 2008, "se tienen que invocar los artículos correctos", sostuvo el abogado. Por ello es necesaria la función de la Corte Constitucional "para realizar una revisión exhaustiva y no caer en errores infantiles", de manera que la consulta sea admisible.
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