El presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador, Wilman Terán, fue señalado como principal responsable de una red de corrupción vinculada con el narcotráfico.
El caso reveló infiltraciones en el sistema judicial, carcelario y policial.
Terán fue detenido junto con otras 28 personas, en el marco del megaoperativo "Metástasis", el más importante realizado en el país.
La fiscal general, Diana Salazar, agregó que presentará cargos por presunta delincuencia organizada contra funcionarios de las Cortes Provinciales de Justicia. Así como también del Consejo de la Judicatura de las provincias Guayas, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí, sus Policías y abogados.
"El hecho conmocionó a la opinión pública. Aquí hay un triángulo relacionado con presiones políticas y asuntos técnicos como el reemplazo de jueces de la Corte Nacional de Justicia", dijo a En órbita Juan Carlos Cabezas, periodista y analista político ecuatoriano.
"Hoy en Ecuador existe un tire y afloje de los diferentes poderes afín a quien sale con la carta ganadora dentro de un ambiente local convulso", agregó el entrevistado.
A criterio del periodista, el caso es un "galimatías, con intereses cruzados vinculados con el flagelo del narcotráfico en el país, en avance y en constante discusión en estos últimos años".
De acuerdo con Terán, esta operación aspira a "evitar" una depuración del Poder Judicial.
Salazar sostuvo que la muerte del líder delincuencial Alejandro Norero, alias El Patrón, mostró indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado. Y puntualizó que las personas vinculadas al proceso serán acusadas del delito de delincuencia organizada.
La funcionaria añadió que por estas y otras razones ella "incomoda" a los delincuentes y a los prófugos y auguró una "escalada de violencia".
Entre los detenidos se encuentran el exjuez penal Ronald Guerrero y el general de Policía en retiro Pablo Ramírez, quien fue director del sistema nacional penitenciario y luego director de la Unidad Antinarcóticos de la Policía.
El megaoperativo ocurre en momentos en que la propia Salazar afronta una solicitud de juicio político en la Asamblea Nacional, encabezado por Revolución Ciudadana. "Este proceso aún se está tramitando", apuntó Cabezas.
El juicio responde a la acusación de Salazar que derivó en la inhabilitación y condena de ocho años de cárcel por cohecho que pesa contra el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
En esta edición de En órbita también abordamos, entre otros temas, la decisión del Gobierno de Venezuela al destinar 77,4% del presupuesto económico de 2024 para la inversión social.
Conversamos con el periodista Marcos Salgado, corresponsal de HispanTV en Venezuela.
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