"Lamentablemente, la respuesta de las fuerzas del orden ucranianas en estos casos ha sido inadecuada, al no investigar suficientemente los incidentes ni tomar medidas para proteger a los miembros de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana", afirmó en una reunión del Consejo de Seguridad.
El pasado 4 de noviembre el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) informó que desde febrero de 2022 abrió causas penales contra 70 sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana canónica.
La Rada Suprema (parlamento) de Ucrania aprobó además el pasado 19 de octubre en primera lectura un proyecto de ley sobre la prohibición en el país de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana canónica. Previamente, el Consejo Mundial de Iglesias indicó que el proyecto de ley en su versión actual viola las normas internacionales de libertad religiosa y puede dividir la sociedad ucraniana.
La presión contra la Iglesia Ortodoxa de Ucrania canónica, la más grande del país, que abarca a millones de creyentes, comenzó en la década de 1990, ante todo por parte de grupos nacionalistas y cismáticos.
Para 2018, ese proceso se convirtió en una campaña estatal a gran escala, y las autoridades crearon la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, compuesta por miembros de organizaciones cismáticas.
Entonces comenzó una ola informativa contra la Iglesia Ortodoxa de Ucrania canónica, acompañada de desalojos masivos de los fieles de sus templos, el registro voluntario de esos inmuebles como propiedad de la Iglesia cismática, con la aprobación de las autoridades, así como ataques impunes de nacionalistas y radicales contra el clero y los creyentes.
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