El alcaide, 22 funcionarios y más de 30 mujeres, familiares de personas privadas de libertad, fueron tomadas de rehenes en el motín que se produjo en la cárcel de Tacumbú, el principal recinto penitenciario de Paraguay, y que se prolongó más de 15 horas entre el 10 y el 11 de octubre.
El motín se produjo luego de que el ministro de Justicia paraguayo, Ángel Ramón Barchini, afirmase que uno de los reclusos, un expolicía condenado por el homicidio de un militar, habría sido asesinado, desmembrado y ocultado en las instalaciones de Tacumbú por miembros del Clan Rotela, grupo criminal de fuerte presencia en el recinto penitenciario. Algo que fue desmentido más tarde, ya que el expolicía se habría fugado.
Asimismo, Barchini aseguró que la situación de las cárceles paraguayas es de "extrema gravedad" y que era necesario recuperar el control de los penales, dominados por grupos criminales, en una acción que tendría "costo en vidas humanas". Estas declaraciones, según consignó la prensa local, habrían causado "incertidumbre" en la población carcelaria.
Luego de que se restableció la normalidad en el penal de Tacumbú, el presidente paraguayo, Santiago Peña, aseguró a los medios que "lo que estamos viviendo no es una crisis, es un enfrentamiento con la delincuencia".
En una conversación con Sputnik, el abogado paraguayo Héctor Sosa Gennaro, reconoció que, ante la situación carcelaria en el país, "no hay una respuesta concreta del Gobierno".
"Como es un Gobierno nuevo, funda su justificación en que está asumiendo recién sus funciones y de acuerdo a eso también asumen la necesidad de reestructurar el sistema penitenciario", expresó el entrevistado.
El letrado explicó que "se habla de construir una nueva penitenciaría por la masificación de la población penitenciaria y, por supuesto, ver un sistema penitenciario adecuado porque el nuestro es obsoleto. Yo diría que no existe un sistema penitenciario", acusó.
El presidente Peña reconoció a la prensa local que la situación de Tacumbú no es nueva, que viene de años atrás, y que además la infraestructura está superpoblada, con 2.700 reclusos, de los cuales solo 1.100 tienen condena, mientras otros 1.600 están enfrentando procesos judiciales.
Sosa sostuvo que la relación entre el crimen organizado y el control del sistema penitenciario "viene de varios gobiernos para atrás", un fenómeno que se da en muchos países de América Latina, donde "el narcotráfico tiene mucha influencia, sobre todo en las penitenciarías".
El criminólogo paraguayo Juan Martens, también en conversación con Sputnik, afirmó que el Gobierno de Peña "es la continuación de muchos otros Gobiernos".
24 de febrero 2023, 06:00 GMT
"Es el mismo partido que viene manejando el país hace bastante tiempo y las cárceles hace años", agregó Martens en referencia a la Asociación Nacional Republicana, a la que pertenece Santiago Peña y que es conocida como el Partido Colorado, que ha gobernado el país casi ininterrumpidamente los últimos 75 años.
El nuevo ejecutivo, afirmó el criminólogo, "encuentra lo que otros gobiernos colorados hicieron, que es mantener en hacinamiento las cárceles, mantener a las personas privadas de libertad sin acceso a alimentación, a agua potable, y salud".
Asimismo, en las cárceles, "los grupos penitenciarios, llámese Clan Rotela, PCC [Primer Comando de la Capital, grupo criminal brasileño con fuerte presencia en Paraguay] u otros, se hacen del favor o la adhesión de varias personas privadas de libertad por medio de protección, alimentación y la configuración de una identidad penitenciaria", explicó Martens.
Tras la situación en Tacumbú, el mandatario Peña apoyó a Barchini y aseguró que lo ocurrido no es responsabilidad del ministro, sino que se trata de "una materia del Gobierno del Paraguay", en la que están trabajando.
Para la visión de Martens, la gestión del ministro Barchini muestra "la improvisación continua del Partido Colorado en la administración penitenciaria".
"Otros ministros anteriores fueron tan improvisados como él y el resultado es un sistema penitenciario colapsado, gobernado por clanes, a punto de explotar", resumió.
Por su parte, el abogado Sosa sostuvo que la crisis penitenciaria en ciernes en Paraguay difícilmente alcance los niveles de violencia y descontrol que registra en Ecuador, referencia cercana en el tiempo de este tipo de problemáticas en la región.
"No creo que escale a un nivel tan importante como Ecuador, pero este tipo de situaciones tiene que servir de alerta a la ciudadanía y a la seguridad del Estado, porque esta gente [los grupos criminales] habla de tener 5.000 soldados, un número bastante importante de delincuentes", acusó.
Sosa lamentó la existencia de corrupción en muchas estructuras del Estado. "Eso efectivamente ya está detectado". Justamente, "lo que no se quiere es que esta intervención a nivel de autoridades y órganos del Estado avance", enfatizó.
"El único camino a seguir es una reestructuración del sistema penitenciario. El nombramiento de personas capaces y aptas, no políticos. Tienen que ser personas idóneas, que entiendan de seguridad, que establezcan un sistema de seguridad integral", concluyó el abogado paraguayo.
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