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¿Qué detiene al proceso de transición en Guatemala?

Tras las acciones de la Fiscalía Nacional de Guatemala que buscan detener el proceso de transición de poder, el investigador Luis Velázquez dialogó con GPS Internacional para analizar las implicaciones de ello en la institucionalidad guatemalteca.
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La situación política en Guatemala es cada vez más compleja a causa de las tensiones entre el Gobierno electo y los grupos económicos y políticos que han ostentado el poder en las últimas décadas. En este marco, "la transición ha quedado trunca porque la Fiscalía Nacional, que es el brazo golpista del ministerio público, irrumpió en la sede del Centro de Operación del Proceso Electoral buscando indicios de un supuesto fraude electoral", indicó el investigador guatemalteco.
En este sentido, "lo que están tratando de hacer es decir que hubo una serie de actores públicos y partidarios que se vincularon entre si para hacer un fraude electoral en el país", indicó.
Ello es una "falta de respeto y una imposibilidad, en virtud de que el proceso electoral, que reside en la ciudadanía desde el registro de los votantes hasta el conteo de los votos, depende de los ciudadanos que no están adscriptos a ningún partido político ni poder fáctico", expresó.

¿Estamos ante una operación golpista?

Por consiguiente, "lo que intenta la fiscalía es anular las candidaturas que fueron electas, tanto en la primera como en la segunda vuelta, lo cual implicaría el absurdo de impedir que el binomio presidencial pueda tomar posesión luego de haber sido electo democráticamente", indicó. En este marco, "la operación golpista puede tener como resultado impedir la asunción del nuevo Gobierno o generar rupturas importantes en el orden constitucional y la normalidad institucional de Guatemala", concluyó.

Ecuador cada vez más inseguro a poco de la segunda vuelta electoral

Las cifras extravagantes en materia de seguridad "son a causa de que el Gobierno beneficia a las élites a costa de la vida de las personas", afirmó a Sputnik el economista Jonathan Xavier Báez.
Unos 3.000 efectivos de la Policía Nacional de Ecuador, en conjunto con las Fuerzas Armadas, decomisan armas, municiones y explosivos en cárceles de las provincias de Guayas (suroeste) y de Esmeraldas (noroeste). En este marco, "tenemos un Estado subordinado al mercado y a Lasso lo único que le interesa es el negocio de las élites empresariales, incluidas las empresas de seguridad", indicó.
Cada vez que "el Estado deja de invertir en seguridad vamos a tener una expansión de la lógica de mercado", dijo.
Los negocios pequeños, "al no poder defenderse ni pagar a estas empresas, ya no sólo son víctimas de la delincuencia, sino también de personas que extorsionan sus negocios y los lleva a la quiebra", lamentó. Ello implica un proceso de centralización del capital, "lo cual obliga a las personas a ir a los grandes negocios o no acceder al consumo, lo cual merma a la economía", dijo. En consecuencia, "el Gobierno actual beneficia a las élites a costa de la vida de las personas", concluyó Xavier Báez.

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