A menos de dos semanas de los comicios presidenciales, el país centroamericano ya experimenta confrontaciones políticas de gran importancia.
"Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y ha puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia", dijo Arévalo cuatro días después de que la Justicia guatemalteca inhabilitara a su partido.
El mandatario electo señaló directamente a la fiscal general, Consuelo Porras; al fiscal especial contra la impunidad; Rafael Curruchiche, al juez séptimo de lo penal; Fredy Orellana, y a la Junta Directiva del Congreso, de estar detrás de una serie de acciones que, según él, constituyen un golpe de Estado.
De acuerdo con Arévalo, la intención de estos sectores, a los que llamó funcionarios y políticos corruptos, es impedir la toma de posesión de él mismo como presidente, de la vicepresidenta electa y de los diputados electos en las pasadas elecciones generales en el país.
El presidente electo dijo que se están tomando las acciones políticas y legales necesarias para evitar el golpe e hizo un llamado a toda la sociedad guatemalteca a apoyar estas acciones y evitar que se violente la voluntad popular expresada el pasado 20 de agosto.
Bernardo Arévalo ganó la segunda vuelta de las elecciones el 20 de agosto con el
60,91% de los votos frente a su rival
Sandra Torres, quien obtuvo
39,09% de los sufragios, según
los datos del Tribunal Supremo Electoral publicados el pasado 28 de agosto. De esta manera, Arévalo se convirtió en el primer presidente electo emanado de un
movimiento de izquierda en más de medio siglo en el país centroamericano.
La toma de posesión del nuevo mandatario está prevista para el próximo 14 de enero de 2024.
Este mismo 1 de septiembre, la
Organización de Estados Americanos (OEA) reclamó respeto para los derechos políticos y el estado de derecho en
Guatemala, tras analizar en su Consejo Permanente las denuncias de acoso judicial a autoridades electorales y al partido que ganó el balotaje presidencial en ese país, el Movimiento Semilla.
"Un llamado a que las instituciones del Estado de Guatemala, incluidas las ejecutivas, legislativas y judiciales, deben respetar y garantizar los derechos civiles y políticos del pueblo guatemalteco de conformidad con el derecho interno y sus compromisos bajo la Carta Democrática Interamericana en materia de separación de poderes", expresó la OEA en una resolución aprobada por aclamación.
El pronunciamiento insiste en que las partes interesadas en Guatemala, incluidas todas las autoridades, los partidos políticos, la sociedad civil, fuerzas militares y de seguridad, y la población en general, deben actuar de conformidad con el estado de derecho.