A medio mes de la instalación del Gobierno de Santiago Peña, quien tomó posesión del Palacio de López el 15 de agosto, los nuevos representantes del ejecutivo presentaron en conferencia de prensa un plan interinstitucional para combatir, a corto y mediano plazo, el contrabando desde las fronteras de Argentina y Brasil hacia el Paraguay.
"Cuando hablamos de contrabando, la gente se transporta mentalmente en el contrabando de hormiga, que pasa en una canoa. No está bien. No es correcto. Pero, sobre todo, debemos apuntar a ese que pasa en el 80% en grandes cantidades, hablamos de los contenedores que pasan en las narices de las autoridades", sostuvo el ministro del Interior, Enrique Riera, al anunciar el plan.
La medida más inmediata será "barrer" el contrabando a través del trabajo de control fronterizo a cargo de las autoridades policiales para la incautación de mercancía ingresada de manera ilegal al país sudamericano.
El contrabando en Paraguay "es muy fácil, ya que las fronteras son muy permeables", señaló en conversación con Sputnik el economista paraguayo Víctor Benítez. "Además, hay que entender que más de la mitad de la población vive alrededor de las fronteras. Encarnación, Ciudad del Este y Asunción son los grandes polos urbanos del Paraguay, sobre afluentes fronterizos", explicó el experto.
Benítez indicó que el presidente Peña "está muy presionado por los industriales paraguayos y sobre todo por los confeccionistas, como también por los horticultores, debido al ingreso masivo de ropa, bebidas, comidas", al país desde Argentina y Brasil.
24 de agosto 2023, 17:42 GMT
La entrada de mercadería de contrabando desde los países mencionados se debe en parte a que "Paraguay siempre tiene una moneda que es más cara, que va más acelerada a la devaluación argentina o a la moneda brasileña con respecto al dólar", apuntó el economista, y opinó que ahora que Peña está en el poder "tiene que dar respuestas reales".
"No es tan solo una cuestión de 'sí, yo quiero recaudar más'", indicó el analista. A su criterio, con las nuevas medidas planteadas por el ejecutivo "se permitirá que productos nacionales se vendan más y que haya empleo".
Asimismo, Benítez refirió que uno de los efectos colaterales más destacables del contrabando es el desempleo.
El economista paraguayo reconoció que el trasfondo del plan anticontrabando ideado desde el Gobierno radica en la búsqueda de "elevar el grado de inversión, que está un peldaño por debajo, y está queriendo dar señales de que 'se va a portar bien' a los mercados financieros internacionales".
17 de agosto 2023, 17:01 GMT
De acuerdo con el experto, las calificadoras de riesgo Standard & Poor's y Moody's "tienen al Paraguay como una ecuación incompleta de relativa estabilidad macroeconómica pero con inseguridad jurídica", entre otros motivos, "debido al contrabando. Cualquiera mete cualquier cosa en el país", enfatizó.
Costos de la informalidad
Benítez precisó que, según datos del Gobierno, en el país anualmente "se evaden 1.900 millones de dólares. Según estimaciones académicas, la economía informal genera 21.200 millones de dólares, la mitad del PIB (Producto Interno Bruto) nacional", agregó el entrevistado.
"De esos 21.200 millones de dólares, hay una parte asociada al contrabando, otra al crimen y otra a la evasión. Porque está la economía informal, la economía informal del sector formal y la economía totalmente criminal", desglosó el economista.
"Algunos dicen que en cuanto a la criminalidad, Paraguay es el número dos en los mercados del crimen en América Latina, detrás de Colombia. Yo opino que Paraguay es un protectorado de los sectores informales de la economía brasileña", acusó.
Sin embargo, Benítez dijo que confía "en la buena voluntad y capacidades técnicas" del presidente Peña para afrontar los desafíos que supone la criminalidad transfronteriza.
El plan del Gobierno para combatir el contrabando fue presentado como una estrategia coordinada por diferentes sectores con responsabilidades en la materia: el director de la recientemente creada Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, junto al ministro del Interior, Enrique Riera; el ministro de Defensa, Óscar González, y el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez.
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