Con una cuota de mercado superior al 90% como motor de búsqueda en 2022 y una internet donde cada vez hay un volumen mayor de información, Google asume una cantidad creciente de peticiones por parte de Estados, instituciones y tribunales para eliminar contenidos en la web.
La compañía tecnológica estadounidense lleva recopilando desde 2009 tales requerimientos, cuyo volumen y desenlace refleja posteriormente en sus informes de transparencia. Desde 2011, ha habido más de 345.000 solicitudes de todo el mundo sobre un total de casi cuatro millones de contenidos. Y por tales se entiende webs, blogs, URL, cuentas, videos, fotografías, reseñas, etc.
En el caso de España, hasta diciembre de 2022, sus diversas autoridades efectuaron 1.322 solicitudes en relación con 270.429 contenidos. Tal marca sitúa ya al país como el primer Estado de la UE en este aspecto y quinto del mundo, solo superado por Rusia, Corea del Sur, Kazajistán e Indonesia.
El volumen de peticiones aceptadas varía de semestre en semestre, pero suele ser alto. De acuerdo con su último informe de transparencia, Google satisfizo casi el 65% de los requerimientos españoles entre julio y diciembre de 2022. Pero en el periodo anterior, atendió al 86%. Durante la pandemia, casi el 100%.
Son los Gobiernos, las instituciones y los jueces quienes formulan tales solicitudes. Según cálculos de las diversas plataformas, España habría conseguido suprimir al menos 1.200 publicaciones y cuentas de sitios como Facebook*, Instagram* o TikTok. Esto significa que las plataformas también deciden al respecto y pueden ejercer una labor censora.
Los motivos
Son variados y Google los define por categorías tales como seguridad nacional, derechos de autor, difamación, privacidad y seguridad, ofensa religiosa, suplantación de personalidad, fraude, etc. Pero algunas razones son menos específicas que otras. Por ejemplo, la seguridad nacional puede englobar muchos aspectos.
El tema entronca en realidad con la "libertad de prensa", siempre en cuestión "cuando se secuestran ediciones, o se cierran medios de comunicación por dar algún tipo de noticias que afectan a intereses estratégicos de los estados", explica a Sputnik Pablo García Varela, subdirector de la publicación de análisis La Comuna y especialista en ciberespacio y ciberseguridad. A su juicio, no cabe asombrarse de estas prácticas, cuyo impacto atribuye en parte a la ingenuidad del gran público.
"Nos hemos equivocado al pensar que Google, Meta* o Twitter están al margen de las grandes decisiones de los Estados y al margen de las cuestiones que siempre han rodeado a la libertad de expresión. Simplemente, ahora se juega en un nuevo terreno: internet", señala este especialista, que recuerda que todos los países sin excepción están implicados en la tarea: "Se trata de controlar la información".
Sin embargo, no cabe hablar exactamente de censura si la solicitud de eliminación de un contenido viene emanada de una orden judicial. Tal fue el caso en 2017 del requerimiento de la justicia española para retirar de Google Play una aplicación que proporcionaba información sobre cómo poder ejercer el voto en el referéndum de independencia de Cataluña. No se eliminó la app, pero como explica Google en su informe, "se restringió el acceso a la aplicación en España".
En general, los motivos más extendidos a nivel global para pedir la retirada de contenidos tienen que ver con consideraciones de seguridad nacional, privacidad y seguridad, y derechos de autor. En España, precisamente la infracción del copyright es el motivo más recurrente en los últimos tiempos. Los de países como Turquía y la India suelen atañer a causas como la difamación o incluso la suplantación de personalidad, respectivamente.
En el caso de EEUU, en 2017, primer año de mandato de Donald Trump, se experimentó un auge de solicitudes relacionadas con la difamación y el fraude. Y en el Reino Unido el alza aconteció a partir de 2016, año de celebración del referéndum sobre el Brexit, donde las consideraciones de seguridad nacional primaron sobre otras.
Y no hay que perder de vista un aspecto. El motivo fundamental que hace redoblar la preocupación por los supuestos bajo los que se solicita u ordena la eliminación de contenidos de internet, es la naturaleza tecnológica de los medios digitales, sus características diferenciales.
"Es la inmediatez y la alta difusión que puede tener una noticia en internet, pues hay muchísima gente que tiene activadas las notificaciones para enterarse en tiempo real. Esto le da un poder que no tienen los medios más tradicionales", concluye P. García Varela.
Doble acción
Las solicitudes para eliminar contenidos pueden remitirse a Google Docs, Google Play, Gmail, Maps, Photos, Ads y YouTube. Y es esta última plataforma la que recibe mayor número de peticiones en todo el mundo, más aún que el motor de búsqueda de Google.
En todo caso, plataformas como Facebook o Instagram, de la compañía Meta, también reciben este tipo de solicitudes, que someten a una doble verificación teniendo en cuenta las legislaciones locales. Según los informes de transparencia de Meta, en 2022 Facebook restringió en España 52 artículos por incitación al odio y 162 cuentas "por representar" a medios de comunicación rusos. El informe constata que, cada vez con mayor frecuencia, no solo se elimina el contenido, sino que también se cancela la cuenta de usuario.
De resultas, puede llegarse a una situación en la que la censura es doble, pues en la práctica la ejercen de forma combinada tanto los Gobiernos como las grandes compañías tecnológicas. Los primeros pueden presionar a estas empresas para censurar contenidos, como recientemente argumentó un juez en EEUU, pero el interés empresarial particular también deja la decisión final en manos de estas compañías, especialmente si la argumentación respecto a la ilegalidad del contenido en cuestión no es meridianamente clara.
Leyes escasas
La mera circunstancia de que el marco jurídico al que someter los contenidos pueda ser en realidad escaso, provoca dificultades. Ante un texto legal insuficiente, el borrado de un contenido puede ser una medida excesiva, al tiempo de que se proceda al mantenimiento de otros con signos de constituir un delito.
En España y la UE rige el Reglamento Europeo de Servicios Digitales, una norma bajo la cual las plataformas pueden guiar a sus mecanismos de decisión y fundamentar sus fallos.
No obstante, las solicitudes emanadas de los Gobiernos constituyen un procedimiento en sí mismas y no tienen por qué chocar con las políticas de contenido propias de las plataformas de redes sociales si la argumentación de la legalidad es clara. Y si no lo fuera, es la arbitrariedad la que en última instancia decide.
*Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, está proscrita en Rusia por extremista.
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