"Le informo que enviaré este escrito al Consejo de la Judicatura Federal para que pueda investigar su actuación, que evidencia su deshonestidad, propia de conservadores y su claro interés político de afectar el proyecto que represento y que millones de mexicanas y mexicanos apoyaron con su voto en 2018 y que siguen respaldando", afirmó una misiva que el jefe del Ejecutivo leyó ante periodistas.
Santos, magistrado de un juzgado de distrito en materia administrativa, otorgó a la senadora una suspensión provisional de los comentarios y señalamientos hechos por el presidente en su contra, considerados como hechos en perjuicio de los derechos de la precandidata del opositor Frente Amplio por México.
"Me acusa de propiciar un discurso de odio, todo por dar a conocer la existencia de contratos firmados en los últimos nueve años por la empresa de la señora [Gálvez] y su familia, por más de 1.400 millones de pesos [unos 80 millones de dólares], de los cuales el 70% se celebraron en la alcaldía Miguel Hidalgo, demarcación [de la capital del país] donde casualmente ella fungió como jefa delegacional entre 2015 y 2018", señaló el mandatario en su misiva.
El pasado 4 de agosto, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a López Obrador abstenerse de opinar sobre Gálvez, por haber cometido "violencia política de género" en contra de la senadora.
Recuento de fallos adversos
El gobernante hace en la carta un recuento de los fallos en su contra emitidos por el juez federal capitalino.
"Advierte malicia efectiva de mi parte, pero el de la malicia efectiva es usted. Es usted que se ha dedicado a proteger delincuentes y a grupos de intereses creados que afectan el interés público y dañan al pueblo", prosigue el texto presidencial.
López Obrador afirmó que el magistrado concedió una suspensión para impedir la extradición a EEUU del fundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo –quien purga sentencia de por vida en el país vecino-; que ordenó desbloquear las cuentas bancarias de un exalcalde capitalino opositor involucrado en el denominado "cartel inmobiliario"; y que modificar el plan nacional de vacunación contra COVID-19, calificándolo de "simplista".
Entre otros casos mencionados, López Obrador afirma que el juez "permitió que las tabacaleras se impusieran a la salud pública autorizando la comercialización de cigarrillos electrónicos y el consumo de trabajo en restaurantes"; y además "quiso impedir que las Fuerzas Armadas participen en labores de la seguridad pública hasta 2024 durante el proceso de conformación de la Guardia Nacional".
El gobernante deplora que el juez ordene a la secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no publicar información confidencial sobre Gálvez.
López Obrador deslinda a su Gobierno de las pesquisas sobre la senadora opositora y dijo que el juez pretende "censurar información que debe ser pública y que obtuve como parte del enorme acervo de mensajes y documentos que recibo diariamente de la ciudadanía".
El presidente mexicano acusó el 7 de agosto al Tribunal Electoral federal de mentir por supuestamente alterar sus expresiones en la resolución que lo imputa de "violencia política de género" en contra de la senadora Gálvez. La queja fue presentada por la senadora que ha sido banco de denuncias retóricas y demandas penales del Gobierno por contratos gubernamentales que obtuvo siendo alcaldesa capitalina. El gobernante reafirmó que la precampaña de Gálvez ha sido orquestada por un grupo de hombres poderosos.
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