El Departamento de Seguridad de Texas (DPS) ya notificó sobre lo sucedido al Consulado de México en Eagle Pass. Hasta el momento no se tienen detalles sobre el género o la nacionalidad de la persona.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del país latinoamericano reiteró su postura sobre esta barrera flotante que pretende, según las autoridades locales estadounidenses, frenar los flujos migratorios procedentes de México y Centroamérica.
"Reiteramos la postura del Gobierno de México, sobre que la colocación de boyas alambradas por parte de las autoridades de Texas es una violación a nuestra soberanía", se lee en el pronunciamiento de la dependencia mexicana.
"Extremamos nuestra preocupación sobre el impacto a los derechos humanos y seguridad personal de los migrantes que tendrán estas políticas estatales, que van en sentido opuesto a la estrecha colaboración entre nuestro país y el Gobierno federal de los Estados Unidos", agregó.
Bajo el argumento de detener la migración ilegal desde México hacia Texas —estado que colinda con las entidades mexicanas de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua—, el gobernador texano Greg Abbott autorizó la construcción de esta especie de valla flotante conformada por boyas naranjas de poco más de un metro de diámetro cada una envueltas con púas.
La canciller mexicana, Alicia Bárcena, aseguró recientemente que el 75% de las boyas que fueron instaladas en el río Grande están en el lado mexicano, por lo que se enviaron dos notas diplomáticas a Washington como muestra de inconformidad.
26 de julio 2023, 20:43 GMT
Días antes del hallazgo del cadáver este 2 de agosto, el mismo Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que demandó al estado de Texas por las barreras flotantes que semejan un muro acuático.
"La Ley de Ríos y Puertos es clara al prohibir la colocación de barreras u obstrucciones no autorizadas en el Río Bravo y otras aguas navegables de los Estados Unidos", dijo en un comunicado el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Kim.
La demanda fue presentada en un tribunal federal de Austin, Texas, con el argumento de que el Gobierno del sureño estado violó las leyes que rigen las vías fluviales navegables, al erigir las barreras sin solicitar primero los permisos del país.
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