El 2 de agosto pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM) mexicanos dieron a conocer la localización de dos cuerpos en la zona del 'muro acuático' establecido por Texas, en Estados Unidos, para frenar la entrada irregular de migrantes.
"En un hecho separado al hallazgo de un cuerpo en la zona de las boyas colocadas por el Gobierno de Texas en el cauce del río Bravo, este miércoles un segundo cuerpo fue encontrado aguas arriba por el Grupo Beta Piedras Negras, con aproximadamente cinco kilómetros de separación entre ambos", refirieron en una nota informativa.
Al ser cuestionado al respecto, el mandatario mexicano rechazó el trato hacia los migrantes que buscan arribar al territorio estadounidense, especialmente por los actos avalados por el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien estableció el "muro acuático", con boyas y alambres de púas.
El gobernador republicano "no debería de actuar así. Es inhumano. No se trata así a ninguna persona, no debe tratarse así a nadie; eso no es de gente buena. Solo siendo buenos podemos ser felices", puntualizó.
Además, López Obrador dijo que ya se investiga la nacionalidad de las personas fallecidas y reiteró que esa barrera viola no solo la soberanía de México, sino los derechos humanos de los migrantes.
Con el pretexto de frenar la migración ilegal desde México hacia Texas —estado que colinda con las entidades mexicanas de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua—, Abbott autorizó la construcción de la valla flotante.
Ante ello, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, aseguró recientemente que el 75% de las boyas que fueron instaladas en el río Grande (conocido en México como el río Bravo) están en el lado mexicano, por lo que se enviaron dos notas diplomáticas a Washington como muestra de inconformidad.
Sumada a esta acción, el Gobierno del presidente Joe Biden demandó el 24 de julio pasado al estado de Texas por imponer esta barrera.
"La ley de Ríos y Puertos es clara al prohibir la colocación de barreras u obstrucciones no autorizadas en el Río Bravo y otras aguas navegables de Estados Unidos", anunció en un comunicado el fiscal general adjunto estadounidense, Todd Kim.
La demanda fue presentada en un tribunal federal de Austin, Texas, con el argumento de que el Gobierno del sureño estado violó las leyes que rigen las vías fluviales navegables, al erigir las barreras sin solicitar primero los permisos del país.
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