"Las medidas coercitivas unilaterales no solo constituyen un método de coerción política, sino que se ejecutan como instrumento colonizador y criminal que constituye un verdadero crimen de lesa humanidad y que impacta directamente en la vida y los derechos de las mujeres que las sufren", expresó Guzmán durante su intervención ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas.
La ministra señaló que el sistema capitalista y las sanciones forman parte de un nuevo mecanismo de coerción política contra los estados. Guzmán manifestó que su país aspira a incrementar los circuitos judiciales especializados en materia de delitos contra la mujer.
En reiteradas ocasiones, el Gobierno de Nicolás Maduro solicitó ante organismos internacionales el cese de las sanciones contra Venezuela.
De acuerdo con la administración de Maduro, el país pasó de percibir 56.000 millones de dólares anuales por la venta de petróleo a recibir ingresos de 700 millones de dólares como consecuencia de las sanciones.
Sobre Venezuela pesan más de 900 sanciones, las cuales provocaron la disminución del 99% de los ingresos, de acuerdo con los datos del Gobierno.
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