La Ley para Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional el 16 de mayo.
Tras la votación de los parlamentarios, el ejecutivo dispone de 10 días para promulgar la normativa, que cuenta con el total apoyo del presidente Nicolás Maduro, quien la considera un "importante paso" para la protección de "todos los bienes secuestrados".
El objetivo de la ley es proteger los activos nacionales en el extranjero y habilitar sanciones ejemplarizantes para aquellos que intervengan en la usurpación de bienes del país. Las responsabilidades penales se aplicarán "incluso a profesionales del derecho que participen directa o indirectamente en tales actos", indica una nota de prensa divulgada por la Asamblea Nacional.
Otro de los puntos esenciales de la normativa es que "califica las acciones de despojo contra el patrimonio nacional como actividades de delincuencia organizada".
De acuerdo con el diputado oficialista Julio García, la medida tiene por objetivo principal proteger el patrimonio de todos los venezolanos. Destacó además que "anula y declara ineficaces todos los actos que hayan sido dictados usurpando funciones" y castiga a los responsables.
Esta reglamentación es complementaria de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, promulgada por el ejecutivo en abril, que busca identificar y recuperar los bienes obtenidos de forma ilegal y el retiro de los derechos relativos al dominio sobre los mismos.
El Gobierno de Venezuela pretende así reforzar las herramientas jurídicas para la protección de su patrimonio en el exterior en medio de las fuertes discrepancias con el accionar del Gobierno de EEUU sobre la empresa Citgo, filial de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) con sede en Washington.
El presidente Maduro considera que la administración de Joe Biden entregó la empresa a la Plataforma Unitaria —oposición venezolana— para que la venda, ya que el Departamento del Tesoro norteamericano anunció el 1 de mayo que no tomará medidas coercitivas para bloquear la subasta o un acuerdo negociado sobre las acciones de PDV Holding, filial de PDVSA en el país norteamericano.
Esta acción se enmarca en las sanciones impuestas al país sudamericano por EEUU y países de la Unión Europea desde 2017.
De acuerdo con la Asamblea, la usurpación de los bienes del país en el extranjero ha sido facilitada por actores nacionales, por lo que la nueva norma será un recurso para proteger el patrimonio venezolano de las agresiones extranjeras, realizadas "con la complicidad de la oposición nacional".
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