"Yo sí quiero aplicar el Acuerdo de Paz, pero el Acuerdo de Paz vale 150 billones [de pesos colombianos, unos 32.900 millones de dólares]. Si lo firmó el Gobierno de [Juan Manuel] Santos a nombre del Estado y la sociedad queda ahí representada, entonces, díganme... ¿de dónde voy a sacar 150 billones?", cuestionó Petro.
El mandatario hizo estas declaraciones al intervenir en el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, donde afirmó que su Administración aspira a propiciar reparaciones que vayan más allá de lo monetario y no limitarse al mero desarme de las fuerzas guerrilleras.
Petro consideró indispensable cumplir el punto relacionado con la reforma agraria, pero reconoció que no cree posible lograr tal objetivo.
"Si somos realistas, tendríamos que decir, igual que en el caso de las víctimas, que el Acuerdo de Paz no se puede cumplir. Es una mentira", dijo el gobernante, tras señalar que al Estado le tomó un siglo entregar un millón de hectáreas, mientras se aspira a dar 3 millones en apenas 15 años.
El jefe de Estado también consideró insuficiente el presupuesto de la Unidad de Víctimas del conflicto armado, pues con los fondos aprobados serían necesarios 125 años para la indemnización total que propone el acuerdo firmado en La Habana en 2016.
"Lo que le estamos diciendo al país es que las víctimas se van a morir primero, antes de recibir una indemnización", sentenció Petro, quien consideró que la criminalidad entró a la mencionada unidad y revictimizó a los más afectados por el conflicto.
El presidente colombiano recalcó que la implementación del Acuerdo de Paz fue mínima durante la Administración de Iván Duque (2018-2022).
El Gobierno de Petro busca actualmente alcanzar la paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros actores armados a través de una iniciativa que bautizó como Paz Total.
Colombia lleva más de 50 años en un conflicto armado, en el que han intervenido distintos actores y se han firmado varios acuerdos de paz.
El más reciente se consolidó en 2016, cuando las FARC y el Estado, gobernado entonces por Santos (2010-2018), llegaron a un acuerdo para que la guerrilla dejara las armas y sus combatientes se incorporaran a la vida civil.
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