Tras el incendio ocurrido el 26 de marzo en el centro migratorio de Ciudad Juárez —donde
murieron 40 personas y por la que
se han detenido a cinco personas—, el país latinoamericano plantea
cambiar sus estrategias en materia migratoria. Una de ellas es la que propone el activista y sacerdote Alejandro Solalinde, quien ha sostenido reuniones con el presidente Andrés Manuel López Obrador para proponerle la creación de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería (CONMÉXICO), que
sustituiría al
Instituto Nacional de Migración (INM). Sin embargo, el especialista en relaciones internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Carlos Manuel López Alvarado considera que las modificaciones no podrán llevarse a cabalidad si Estados Unidos no colabora haciendo su propia tarea: diseñar una política migratoria que vele por los derechos humanos y no por la criminalización del proceso migratorio.
El también académico hace énfasis en que Washington debe ser quien establezca la mayoría de las soluciones, ya que es el país destino de las personas migrantes.
"El problema no radica solo en México: hay toda una estructura detrás de la migración que perjudica [su travesía], desde su expulsión de los países por diversos motivos y el tránsito por México. A esto se suman los trámites excesivamente burocráticos en la frontera con Estados Unidos y el ingreso a [esa nación]", subraya.
El presidente López Obrador reclamó el 30 de marzo a Estados Unidos por no apoyar los planes para ayudar a las personas migrantes.
"Lo que hemos pedido al Gobierno de Estados Unidos es que, si nosotros le hemos destinado 100 millones de dólares [a atender a esta población], ¡pónganle ustedes! ¡Ayuden! Y no lo han hecho. Ni con [Donald] Trump ni con [Joe] Biden logramos este propósito porque tienen una concepción de querer enfrentar problemas sociales solo con el uso de la fuerza", dijo el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina.
Por ello, López Alvarado señala que lograr que Washington se enfoque en el tema migratorio es muy complicado, ya que en estos momentos la atención de la Casa Blanca está focalizada en
el apoyo militar y financiero a Ucrania, en el marco del conflicto de este país con Rusia.
Para ello, propone que desde Venezuela hasta el territorio estadounidense se realice un plan integral que garantice la seguridad de las personas migrantes, ya que los esfuerzos no pueden ser unilaterales.
La tragedia ocurrida a finales de marzo en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 migrantes provenientes de países como Guatemala, Venezuela, El Salvador, Ecuador y Colombia, ha generado respuestas por parte de los Gobiernos de esas naciones.
La última de ellas se registró el 9 de abril y fue por parte de la Administración salvadoreña. La viceministra de Relaciones Exteriores de ese país centroamericano,
Cindy Portal, exigió
la renuncia de las autoridades migratorias en México por lo ocurrido en uno de los centros de detención.
"El Gobierno de El Salvador califica lo sucedido como un crimen de Estado, por lo que exigió que se condene a los culpables", agregó el Ministerio de Exteriores, que exhortó a las autoridades mexicanas a continuar con el proceso judicial y poner "tras las rejas" a los responsables de la tragedia.
Ante ello, el mandatario mexicano indicó que los salvadoreños tienen razón en pedir justicia y aseguró que están colaborando con todos los países involucrados. Además, reiteró que las investigaciones continúan y que no habrá impunidad en el caso.
En esta línea, el experto en relaciones internacionales por la UNAM comentó que este incidente y la manera en la que la Administración de López Obrador está trabajando con las naciones puede ayudar a mejorar los planes de la región.
"La cuestión es que esta tragedia da la oportunidad, y es lamentable que sea de ese modo, pero da la pauta para entablar nuevos diálogos que aborden el tema migratorio. Es una tragedia que no se puede volver a repetir. En este tenor se tiene que trabajar", concluyó.