La viceministra de Relaciones Exteriores del país centroamericano, Cindy Portal, afirmó que su país exige la renuncia de las autoridades migratorias en México por lo ocurrido en uno de los centros de detención del Instituto Nacional de Migración (INM).
"Estamos exigiendo también la renuncia de las personas responsables de la política migratoria en México", dijo Portal en conferencia de prensa, en la que informó sobre la repatriación de los cuerpos de las siete personas salvadoreñas fallecidas durante el incendio.
"El Salvador exigió una investigación exhaustiva y con el debido proceso, a fin de esclarecer los hechos y aplicar las sanciones respectivas, debido a las graves violaciones a los derechos fundamentales reconocidos en marcos legales nacionales e internacionales, tales como la vida, la salud, la integridad, libertad, entre otros", indicó la dependencia diplomática en un comunicado.
"El Gobierno de El Salvador califica lo sucedido como un crimen de Estado, por lo que exigió que se condene a los culpables", agregó el Ministerio de Exteriores, que exhortó a las autoridades mexicanas a continuar con el proceso judicial y poner "tras las rejas" a los responsables de la tragedia.
La viceministra Cindy Portal se trasladó a Ciudad Juárez, conurbada con El Paso, Texas, para revisar la atención a cinco salvadoreños que resultaron heridos y que se encuentran actualmente en hospitales de esa ciudad fronteriza con Estados Unidos. En la estación también se encontraban tres salvadoreñas, que resultaron ilesas, informó la viceministra.
"Después de verificar y consolidar toda la documentación requerida, los cuerpos salieron el jueves [6 de abril] de Ciudad Juárez en horas de la noche en una carroza fúnebre, debidamente escoltada, rumbo a nuestro país. Tal como se prometió, en 72 horas los cuerpos fueron entregados a sus familias", añadió Portal.
Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) de México todavía están investigando los hechos. Hasta el momento cinco personas han sido detenidas, entre ellas tres agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), un elemento de una empresa de seguridad privada y una persona migrante que está acusada de haber iniciado el fuego. Todos enfrentan cargos de homicidio doloso.
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