"Se concedieron seis órdenes de aprehensión", dijo en conferencia de prensa la fiscal especial en derechos humanos, Sara Irene Herrerías, de la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana, quien detalló que la orden de aprehensión contra la persona migrante que fue señalada como la iniciadora del incendio no se ha podido cumplimentar.
Los detenidos fueron tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) y dos policías de seguridad privada.
Las autoridades federales indicaron que detectaron irregularidades en la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa, que trabajaba en la estación migratoria del INM, por lo que abrieron un proceso administrativo para revocar su permiso e imponer una multa económica contra la empresa de seguridad privada.
La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), Rosa Icela Rodríguez, reveló también la nacionalidad de algunas de las víctimas mortales: 18 personas guatemaltecas, una colombiana y siete venezolanas.
En tanto, hay cinco personas heridas de origen salvadoreño, 10 guatemaltecas, ocho hondureñas y cinco venezolanas, quienes permanecen hospitalizadas, excepto una que ya fue dada de alta.
La fiscalía solicitó documentación sobre el funcionamiento de las estaciones migratorias donde son recluidas las personas extranjeras en situación legal irregular, desde donde eventualmente son deportadas a sus países de origen.
El INM debe explicar "cuáles fueron sus acciones u omisiones punibles", asienta la querella judicial.
La funcionaria federal dijo que la compañía privada Camsa está registrada ante la Dirección General de Seguridad Privada desde el 3 de septiembre de 2020, con una autorización vigente a febrero de 2024.
Otro hallazgo es que la empresa "no cuenta con permiso de portación de armas y en los informes mensuales no reportó altas o bajas de personal".
Finalmente, la funcionaria dijo que las autoridades van a proteger los derechos humanos de las víctimas y recalcó que no habrá impunidad en este caso.
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